La Comisión Europea ha reiterado su postura firme frente a cualquier intento del Gobierno español por limitar la operación de adquisición de Banco Sabadell por parte de BBVA. Aunque han señalado que analizarán las nuevas restricciones anunciadas, también han recordado que poseen la autoridad necesaria para eliminar obstáculos considerados injustificados al libre mercado dentro de la Unión Europea. En un mensaje claro y contundente, insisten en que las condiciones impuestas deben ser excepcionales, proporcionadas y basadas en razones legítimas de interés público. Además, destacan el beneficio que representa contar con bancos grandes capaces de invertir en innovación y ofrecer mejores servicios financieros.
Las fuentes comunitarias indicaron que ya han registrado las nuevas medidas presentadas por el Ejecutivo español, entre las cuales se encuentra la prohibición de fusión entre ambas entidades durante tres años. Este tipo de restricciones no son vistas con buenos ojos en Bruselas, donde defienden una política de integración y fortalecimiento del sector financiero europeo. Recordaron que la decisión final sobre cuestiones de competencia corresponde al Banco Central Europeo y a las autoridades responsables de control de fusiones, sin espacio para injerencias externas que puedan distorsionar el mercado único.
El proceso ha sido supervisado de cerca por Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros, quien ha mostrado públicamente su descontento ante las posibles interferencias del Gobierno. Por su parte, Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Limpia, no quiso pronunciarse públicamente sobre el asunto, evitando así entrar en conflicto directo con la representante comunitaria. Sin embargo, su silencio fue interpretado como una forma sutil de presión diplomática hacia Bruselas, en medio de una maniobra política delicada que busca mantener cierta estabilidad gubernamental interna en España.
Bruselas mantiene abierta una investigación preliminar bajo el marco conocido como EU Pilot, una herramienta utilizada antes de iniciar procedimientos formales de infracción. Esta acción refleja las dudas existentes sobre si las condiciones impuestas cumplen con los principios del mercado único. Aunque no implica necesariamente sanciones inmediatas, sí sirve como una señal de alerta clara sobre la dirección que podría tomar el caso si persisten obstáculos considerados injustificados.
A pesar del endurecimiento de condiciones por parte del Gobierno español, la Comisión Europea continúa defendiendo con firmeza el fortalecimiento del sistema bancario mediante operaciones transfronterizas. Su objetivo es promover instituciones financieras más sólidas, capaces de adaptarse a los retos tecnológicos actuales y ofrecer servicios eficientes a ciudadanos y empresas. La insistencia en mantener un mercado único funcional refleja la visión estratégica que guía sus decisiones en materia de regulación financiera.
