Finanzas

Cataluña emerge como tercer gran receptor de fondos europeos, superando a otras comunidades

La Generalitat de Cataluña ha escalado significativamente en la lista de los mayores receptores de fondos europeos en España, consolidándose como el tercer beneficiario principal, únicamente superada por las dos empresas del grupo Adif. Este ascenso es notable, ya que Cataluña ha recibido una cantidad que duplica la asignada a otras comunidades autónomas importantes como Valencia y Madrid, lo que ha generado discusiones sobre la equidad en la distribución de estos recursos. Además, la lista actualizada por el Ministerio de Hacienda revela un cambio en el panorama de los perceptores, donde las entidades públicas dominan los primeros puestos, dejando a las empresas privadas fuera del top diez de beneficiarios directos.

El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la lista renovada de los cien principales receptores de fondos europeos en España, destacando modificaciones sustanciales respecto a informes anteriores. En esta nueva configuración, la Generalitat de Cataluña se alza como el tercer receptor más grande, acumulando más de mil millones de euros. Esta cifra es el doble de lo que el Estado ha asignado hasta la fecha a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, los cuales, aunque muestran avances, se encuentran muy por detrás en la clasificación nacional. La presidenta de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, expresó recientemente su preocupación por la \"infrafinanciación\" de su región en comparación con Cataluña, argumentando que Madrid recibe menos fondos europeos por habitante.

Analizando la composición de los beneficiarios principales, se observa una ausencia total de empresas privadas entre los diez primeros. Adif mantiene su liderazgo indiscutible con 2.961 millones de euros, seguido de cerca por Adif-Alta Velocidad con 2.915 millones, sumando un total cercano a los 6.000 millones de euros destinados a la modernización de la infraestructura ferroviaria y la red de alta velocidad. Este monto triplica la recepción de fondos que Adif ya lideraba en la lista de Hacienda de febrero anterior, cuando ambas entidades ferroviarias combinaban 2.000 millones. Cataluña, ahora en el tercer puesto, ha recibido 1.072 millones de euros asignados por el Estado para proyectos de digitalización, medio ambiente y rehabilitación de edificios, sin incluir 300 millones adicionales destinados a Infraestructuras de la Generalitat bajo la dirección de Salvador Illa.

Más allá de Cataluña, la clasificación incluye a Tragsa con 977 millones, el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente con 819 millones, y el de Transformación Digital con 729 millones. Otras entidades como Tragsatect, la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Defensa también figuran en el top diez. La primera empresa privada que aparece en la lista española lo hace en el puesto 13, siendo Telefónica de España con más de 400 millones, seguida por Telefónica Móviles, por proyectos de despliegue de la red 5G. Moeve (antigua Cepsa) ocupa el decimoséptimo lugar con 332 millones para proyectos de energía renovable, mientras que otras empresas como Iberdrola y Envision, que destacaron en listas anteriores, han descendido debido a que sus cifras individuales no superan los 250 millones, una barrera que cada vez más instituciones públicas logran superar.

La lista de los cien mayores perceptores finales, que asciende a 26.000 millones de euros según el Ministerio de Hacienda, se elabora siguiendo la metodología de la Comisión Europea. Esta metodología define al perceptor final como el \"último vehículo que recibe fondos bajo el Mecanismo\" de Recuperación y Resiliencia, incluyendo tanto a entidades privadas como públicas que se benefician directamente de las ayudas o de las obras y servicios realizados por terceros. A pesar de los esfuerzos por la transparencia, el Parlamento Europeo ha señalado que estas listas podrían no ser lo suficientemente claras, ya que a menudo los beneficiarios principales actúan como intermediarios que luego transfieren los fondos a contratistas o entidades ejecutoras de los proyectos, lo que dificulta un seguimiento preciso del destino final de los recursos.