La trayectoria del BBVA en su propuesta de adquisición del Banco Sabadell ha recibido un impulso significativo tras el reciente cuestionamiento de Bruselas a las condiciones establecidas por el Ejecutivo español. Este respaldo otorga al BBVA una posición más sólida en caso de optar por la vía legal para impugnar las exigencias gubernamentales. En un proceso que se ha extendido por más de un año, la entidad financiera ha manifestado la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, especialmente después de que el Consejo de Ministros endureciera los términos fijados por la autoridad de Competencia, en un escenario de éxito de la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Un precedente relevante que favorece al BBVA es el reciente triunfo parcial de Unicredit en los tribunales italianos frente al Gobierno de Giorgia Meloni, en un contexto similar de OPA hostil con restricciones impuestas por el ejecutivo transalpino. Este escenario subraya la preocupación de la Comisión Europea, que observa cómo sus ambiciones de consolidación bancaria en la región se ven obstaculizadas por la interferencia de los gobiernos nacionales.
Específicamente en el caso español, la Comisión Europea ha calificado de \"muy cuestionable\" la justificación del Ministerio de Economía para impedir la fusión de los dos bancos durante un periodo inicial de tres años, con la posibilidad de extenderse dos años más. El Consejo de Ministros había argumentado esta medida basándose en cinco criterios de interés general recogidos en la Ley de Defensa de la Competencia. Estos criterios abarcaban aspectos como el acceso a la financiación para pequeñas y medianas empresas, la protección del empleo en el sector bancario, la cohesión territorial, el papel de las fundaciones bancarias en la sociedad y el derecho a una vivienda digna, así como el fomento de la investigación.
Según las autoridades españolas, Banco Sabadell posee una cuota considerable del 7,5% en la concesión de crédito a pymes a nivel nacional, y esta cartera representa el 47% de sus préstamos totales, en contraste con el 27,8% del BBVA. Se hizo referencia a fusiones anteriores, como las de CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank, que, según el Gobierno, resultaron en \"reducciones sustanciales de la exposición a pymes en los ejercicios subsiguientes\". Un aspecto particularmente señalado por el Ejecutivo fue el relativo al compromiso social, expresando preocupación por la posible desaparición de la Fundación Sabadell, que contaba con una asignación de 5 millones de euros en 2024, frente a los 22,2 millones de euros destinados por la fundación del BBVA. Se argumentó que \"son entidades con especialidades temáticas y territoriales distintas\". También se mencionó la participación de Sabadell en Sogevisa, una empresa inmobiliaria de apoyo a personas vulnerables, y su contribución al Fondo Social de Viviendas, con 419 de los 9.866 inmuebles totales.
Fuentes cercanas al BBVA han preferido no comentar directamente sobre la decisión de Bruselas, pero han confirmado que el cronograma previsto para la operación se mantiene inalterado. Se anticipa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará el folleto de la OPA durante la última semana de julio, lo que permitirá que el período de aceptación de la oferta comience en los cinco días hábiles siguientes. Este período tendrá una duración mínima de 30 días y un máximo de 70 días. Estos dos meses serán cruciales, ya que coincidirán con las dos juntas extraordinarias que Banco Sabadell tiene programadas para el 6 de agosto, donde se debatirá la venta de su filial británica TSB y la distribución de un macrodividendo de 2.500 millones de euros, previsto para el primer trimestre de 2026, a razón de 0,50 euros por acción. Entretanto, el Ministerio de Economía español dispone hasta el 18 de septiembre para presentar su respuesta oficial a las inquietudes expresadas por la Comisión Europea.
La postura de Bruselas, que cuestiona la fundamentación del gobierno español para imponer severas condiciones a la fusión, otorga una ventaja estratégica al BBVA. Esta situación crea un ambiente propicio para que la entidad explore recursos legales, buscando defender su plan de negocio frente a las limitaciones impuestas. La resolución final de este proceso determinará no solo el futuro de la OPA, sino también sentará un precedente importante sobre la intervención gubernamental en las operaciones de mercado en la Unión Europea.
