El sistema tributario panameño enfrenta serias dificultades debido a una marcada inequidad fiscal y altos niveles de evasión, lo que repercute directamente en la capacidad del gobierno para atender las necesidades fundamentales de la población. Las cifras revelan que el sector empresarial contribuye con apenas el 36% de los ingresos por impuesto sobre la renta, mientras que las personas naturales asumen el 64% restante. Este desequilibrio genera un déficit significativo en las finanzas públicas, llevando al país a depender cada vez más de la deuda para cubrir gastos operativos básicos.
La situación se agrava al observar que actividades con mayores ganancias económicas, como las financieras y de seguros, pagan proporcionalmente menos impuestos en comparación con sectores menos rentables pero más gravados, como el comercio y la industria manufacturera. Según analistas, esta disparidad proviene tanto de incentivos fiscales específicos como de la estructura territorial del sistema impositivo panameño, que exime de impuestos transacciones realizadas fuera del territorio nacional.
Este fenómeno ha sido ampliamente documentado, destacándose una brecha de incumplimiento fiscal cercana a los $8.797 millones únicamente en impuestos sobre la renta corporativa. Esta cifra es cuatro veces superior a los ingresos generados por el Canal de Panamá durante el último año fiscal. Economistas advierten que si no se abordan estas distorsiones, el país podría enfrentar una crisis financiera dentro de ocho a doce años.
Además, expertos proponen soluciones inmediatas, como el fortalecimiento tecnológico de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la implementación de auditorías presenciales para garantizar un cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales. El economista Adolfo Quintero destaca que estos cambios son cruciales para revertir la tendencia actual, donde los ingresos disminuyen mientras los gastos aumentan de manera alarmante.
En este contexto, las autoridades gubernamentales enfrentan un reto crucial: reformular el marco fiscal vigente para promover mayor equidad y eficiencia. La revisión de incentivos fiscales y exoneraciones, junto con estrategias innovadoras para combatir la evasión, se presentan como medidas indispensables para asegurar un futuro sostenible.
Las implicaciones de no actuar pronto podrían ser devastadoras. Expertos coinciden en que el deterioro continuo de las finanzas públicas amenaza no solo la estabilidad económica del país, sino también su capacidad para responder a las demandas sociales de manera adecuada. Por ello, urge una acción conjunta entre el sector público y privado para construir un sistema más justo y transparente.
