España se encuentra en una situación crítica de desigualdad social, marcada por dos décadas de crisis consecutivas. Un informe exhaustivo de Cáritas y la Fundación Foessa, el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado recientemente, desvela que en 2024, unos 4.3 millones de individuos se encontraban en una situación de exclusión severa, un aumento del 52% respecto a 2007. Esta alarmante cifra se atribuye principalmente a la inasequibilidad de la vivienda y a la precariedad del mercado laboral. El encarecimiento de los alquileres ha convertido el acceso a una vivienda digna en un verdadero desafío, con casi la mitad de los arrendatarios en el mercado libre en riesgo de pobreza. Esta realidad no solo golpea a los sectores más vulnerables, sino que también amenaza la estabilidad de la clase media, empujando a muchas familias hacia una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
La crisis habitacional en España es uno de los motores principales de esta creciente exclusión. Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador del estudio, ha calificado el actual modelo inmobiliario como predominantemente especulativo. Este enfoque desequilibra el uso social de la vivienda, haciendo que un número creciente de hogares destine una parte excesiva de sus ingresos al alquiler. Los datos son contundentes: en 2007, el 5.2% de la población realizaba un gasto desproporcionado en vivienda; en 2024, esta cifra se disparó al 14.1%. Esta presión económica no solo dificulta el acceso a otros bienes y servicios básicos, sino que también perpetúa un ciclo de endeudamiento y vulnerabilidad para millones de personas.
Además de la vivienda, la precariedad laboral agrava la situación. A pesar de que las estadísticas macroeconómicas muestran un récord de empleo, aproximadamente 11.5 millones de personas enfrentan algún tipo de inseguridad en sus puestos de trabajo en 2024. Los jóvenes son particularmente afectados por esta tendencia, ya que se incorporan al mercado laboral con salarios significativamente más bajos que generaciones anteriores, un 'efecto cicatriz' que, según Flores, difícilmente logran superar. La desigualdad salarial, especialmente pronunciada entre las mujeres, quienes ganan un 18% menos, pospone decisiones vitales como la emancipación o la formación de una familia. Esta concentración de riqueza, con el 10% más rico del país poseyendo el 54% del patrimonio, mientras el 90% restante comparte el 7%, subraya la profunda brecha económica.
El informe subraya un proceso de 'fragmentación social' sin precedentes, donde la clase media se contrae y un número creciente de familias desciende a estratos socioeconómicos inferiores. La exclusión social, definida por la investigación a través de cuatro criterios (integración plena, precaria, exclusión moderada y exclusión severa), no se limita a lo económico. Factores como la salud, la educación y el aislamiento social también juegan un papel crucial. La conclusión es clara: el crecimiento económico por sí solo no basta para corregir la desigualdad ni sus consecuencias, demostrando que la exclusión abarca dimensiones mucho más allá de lo puramente monetario.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, destacó que España se encuentra en una 'encrucijada' que definirá su futuro por décadas. Las nuevas generaciones son las más afectadas; un tercio de la exclusión severa impacta a menores de edad, con una tasa de pobreza infantil del 29%, una de las más elevadas de Europa. Este fenómeno resalta que la exclusión social se hereda, y que factores como el origen familiar y el nivel educativo de los padres tienen un peso considerable. El estudio revela que los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen el doble de probabilidades de caer en la pobreza, y no completar estudios superiores multiplica por 2.7 el riesgo de exclusión severa. La salud también es un indicador crítico: el 6% de las familias vulnerables con enfermedades graves no recibió atención médica en 2024, y los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, superan el 12% entre aquellos en exclusión severa.
Todos estos datos ponen de manifiesto un 'atasco' en el sistema de bienestar público, transformando un derecho fundamental en un privilegio y generando desconfianza entre los jóvenes, quienes sienten que el sistema no responde a sus necesidades como lo hizo con generaciones anteriores. El informe fue el resultado del trabajo de 140 investigadores de 51 instituciones, basándose en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), que encuestó a 12,289 hogares en 2024.
La profunda fragmentación social en España, exacerbada por la crisis de la vivienda y la precariedad laboral, exige una respuesta integral. La contracción de la clase media y el aumento de la exclusión severa, especialmente entre los más jóvenes, subrayan la necesidad urgente de políticas que aseguren una vivienda asequible, empleos dignos y un sistema de bienestar equitativo para todos. Ignorar estas señales podría comprometer seriamente el futuro social y económico del país.
