Un tribunal en Madrid ha ordenado el embargo total de los bienes pertenecientes a Manuel March, miembro prominente de la familia Banca March, debido a su negativa a cumplir con una sentencia judicial que le obligaba a devolver cerca de 3 millones de euros. Este monto, que incluye costas e intereses, ascendió finalmente a 3.5 millones de euros como resultado de un litigio relacionado con la venta de una mansión histórica en Mallorca. El conflicto comenzó en 2019 cuando March vendió la propiedad a una sociedad sin completar el trámite legal y, posteriormente, negoció con otro comprador por un precio superior.
La situación escaló hasta que el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Madrid dictaminó que March debía devolver los fondos iniciales junto con una compensación económica. Sin embargo, tras ignorar múltiples plazos y recursos legales infructuosos, se procedió primero al embargo parcial de sus activos financieros y propiedades. Dado que estos no cubrían la deuda completa, se amplió el embargo a todos sus bienes, incluidas inversiones y cuentas bancarias tanto dentro como fuera de España.
Origen del Litigio: Una Venta Fallida en Mallorca
El caso tiene su origen en una transacción fallida relacionada con una finca emblemática situada en las cercanías de Valldemossa, Mallorca. Esta propiedad, anteriormente poseída por figuras históricas como el archiduque Luis Salvador de Austria, fue vendida inicialmente por Manuel March a una sociedad bajo contrato formal. Aunque March recibió un adelanto significativo de más de 2 millones de euros, la operación no se completó debido a su decisión de vender la misma propiedad a un tercero por un precio considerablemente mayor. Este acto unilateral generó un conflicto legal serio.
En detalle, el proceso judicial reveló que March incumplió con los términos establecidos en el contrato inicial. Después de haber aceptado el pago anticipado, decidió cerrar un acuerdo con un segundo comprador, dejando al primer adquiriente sin respuesta adecuada ni compensación económica. La parte afectada argumentó que la falta de firma para concluir la venta no era atribuible a ellos, sino al vendedor, quien buscaba maximizar sus ganancias mediante otra oferta más lucrativa. La corte coincidió con esta postura, señalando que no existían pruebas creíbles que respaldaran la versión de March sobre la interrupción de la transacción.
Las Consecuencias Legales y Financieras del Incumplimiento
El incumplimiento continuado de Manuel March ante las resoluciones judiciales desencadenó medidas drásticas por parte del tribunal encargado del caso. Tras emitirse una sentencia definitiva que exigía la devolución de los fondos previamente percibidos más una indemnización pactada, March optó por recurrir dicha decisión. No obstante, la ejecución provisional del fallo avanzó, imponiendo un plazo limitado para el pago de la cantidad estipulada. Al no cumplir con este requerimiento, el juzgado inició un proceso de embargo parcial de sus bienes.
Este primer paso resultó insuficiente para cubrir la deuda total, lo que llevó al tribunal a ampliar el alcance del embargo a toda la extensión de los activos de March. Esto incluyó todas sus participaciones en empresas, inversiones en fondos, cuentas bancarias nacionales e internacionales, así como propiedades inmobiliarias. La magistrada destacó que la posición adoptada por March carecía de coherencia y credibilidad, especialmente considerando que ya había recibido una cantidad significativa como adelanto, evidenciando su interés inicial en la transacción. En consecuencia, el tribunal concluyó que el único motivo detrás del incumplimiento era obtener beneficios económicos superiores mediante otra venta. Esta determinación marcó el inicio de una serie de acciones legales que culminaron con la confiscación total de sus bienes.
