El Partido Popular, desde el hemiciclo del Senado, ha formulado una exigencia perentoria al Ejecutivo para que se proceda de manera ineludible a la presentación sin dilación de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2026. Esta demanda se fundamenta en la premisa de que la disponición de un marco presupuestario actualizado es indispensable para el ejercicio de un control parlamentario efectivo y para la formulación y ejecución de políticas públicas con la debida planificación. La formación política subraya que la persistencia de un presupuesto obsoleto, aprobado en el año 2022, resulta inadecuada para abordar los desafíos económicos y sociales que se perfilan para el próximo ejercicio. Además, se ha manifestado una profunda preocupación ante la posibilidad de que la ausencia de nuevos presupuestos sirva como justificación para la opacidad en la negociación de pactos, particularmente aquellos que afectan el modelo de financiación autonómica, incluyendo la condonación de deuda para ciertas comunidades y la implementación de regímenes de financiación singulares al margen de los mecanismos multilaterales.
El Ejecutivo, a través de declaraciones del Presidente del Gobierno y de la Vicepresidenta de Hacienda, ha expresado su intención de presentar un proyecto presupuestario para el año 2026, cumpliendo así con la normativa vigente. No obstante, se ha percibido un mensaje subyacente que sugiere que la continuidad de la gobernabilidad no se verá comprometida si la aprobación de dicho presupuesto no se materializa en las Cortes. Esto se debe a que los presupuestos actualmente en vigor fueron confeccionados por la presente administración en 2022 y, según sus argumentos, posibilitan la implementación de iniciativas de carácter social.
En este contexto de negociación sobre el sistema de financiación regional, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno del miércoles día 10. La iniciativa busca urgir al Gobierno a cumplir con su obligación constitucional de presentar los presupuestos, los cuales son considerados el instrumento político y económico más vital de cualquier gobierno. Según la portavoz del PP en el Senado, la demora en la presentación de los presupuestos, por segundo año consecutivo, no solo priva a las Cortes Generales y a la ciudadanía de un debate indispensable sobre las finanzas públicas, sino que también pone de manifiesto la debilidad del Ejecutivo para conformar mayorías en torno a un plan económico unificado para la nación.
El Partido Popular ha señalado que la falta de un nuevo marco presupuestario se está empleando como justificación para encubrir pactos no transparentes con determinadas facciones políticas independentistas. Entre estos pactos, se destacan la condonación de una parte significativa de la deuda de la Generalitat de Cataluña y la propuesta de establecer un sistema de financiación diferenciado para esta comunidad, el cual se tramitaría al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La moción del PP busca rechazar cualquier acuerdo de financiación singular que confiera privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las demás, y aboga por un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica que se lleve a cabo de forma multilateral y transparente.
Finalmente, el Partido Popular ha enfatizado que estas decisiones gubernamentales, impulsadas por criterios políticos y no por principios de igualdad, están generando un tratamiento preferencial que menoscaba los fundamentos constitucionales de equidad y solidaridad entre las regiones, y conllevan el riesgo de provocar una fragmentación territorial con serias repercusiones para la unidad nacional. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado reafirma la relevancia de esta cámara como garante de la igualdad de todos los ciudadanos españoles y como ámbito para la defensa de un modelo de financiación autonómica justo, lúcido y equitativo, que contemple criterios objetivos como la dispersión demográfica, el envejecimiento de la población y la baja densidad, sin concesiones a ninguna región. Se insta a defender en todo momento los principios de igualdad, solidaridad y cohesión territorial consagrados en la Constitución, evitando cualquier concesión que pueda comprometer la unidad y el interés general de los ciudadanos.
