La propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para disminuir la jornada laboral a 37,5 horas ha sido rechazada en el Congreso, en una victoria significativa para el sector empresarial español. Este revés legislativo, que ha generado tensiones dentro del propio Gobierno de coalición, se atribuye en gran parte a la intensa labor de presión ejercida por la CEOE, con un papel crucial de la patronal catalana Foment y su conexión con Junts per Catalunya. La falta de apoyo activo desde Moncloa a la iniciativa de Díaz también jugó un papel determinante, evidenciando fisuras internas en el Ejecutivo respecto a esta medida.
La maniobra que llevó al fracaso de la reducción de jornada se gestó a través de una serie de reuniones confidenciales entre empresarios y representantes de Junts per Catalunya, incluyendo encuentros con Carles Puigdemont en Waterloo. Foment, la patronal catalana, asumió la responsabilidad de estas gestiones, facilitando la comunicación entre el mundo empresarial y el partido de Puigdemont. Se estima que hubo hasta 20 viajes de empresarios a Waterloo para expresar sus preocupaciones sobre el impacto económico de la reforma, advirtiendo sobre pérdidas multimillonarias para grandes empresas y el riesgo de ahogar a las pymes.
Fuentes empresariales han destacado la \"pasividad\" de Moncloa, señalando que no hubo presiones significativas del Gobierno central para respaldar la propuesta de Díaz. La postura de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien fue vista sonriendo tras el rechazo de la ley, y la ausencia de Pedro Sánchez en la votación crucial, reforzaron la percepción de una falta de compromiso unificado del PSOE con la medida. Incluso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, evitó defender públicamente la reducción de jornada en un acto con Foment días antes de la votación, lo que fue interpretado como un claro indicio de la postura del ala socialista del Gobierno.
Esta victoria empresarial no es un hecho aislado, sino que sigue a otro éxito previo en enero, cuando consiguieron desactivar el impuesto a las energéticas, también con el apoyo decisivo de Junts. La estrategia ha consolidado el poder de negociación de los partidos catalanes en el contexto político español. La patronal catalana Foment, bajo el liderazgo de Josep Sánchez Llibre, ha jugado un papel fundamental, actuando como intermediario entre la gran patronal española y Carles Puigdemont, una relación que la CEOE de Antonio Garamendi no podría mantener directamente.
La controversia ha dejado secuelas en la coalición gubernamental y en las relaciones de Esquerra con Foment, con portavoces parlamentarios criticando directamente a las patronales por su influencia. A pesar de este triunfo, la patronal se prepara para posibles medidas de compensación por parte de Yolanda Díaz, como el endurecimiento del registro horario. Este episodio subraya la creciente influencia de los actores económicos y de los partidos regionales en la configuración de políticas nacionales, y expone las tensiones internas en el Gobierno de coalición español ante decisiones de gran calado social y económico.
Este episodio político-económico revela las complejidades y las dinámicas de poder que subyacen en la toma de decisiones en España. La capacidad de los empresarios para influir en el legislativo a través de negociaciones con partidos clave como Junts, y la aparente desunión dentro del propio Gobierno respecto a la reducción de jornada, ofrecen una visión clara de los desafíos que enfrenta la administración actual. La derrota de la propuesta de Yolanda Díaz no solo marca un revés para su agenda social, sino que también recalca la fragilidad de los acuerdos dentro de la coalición y la relevancia de los grupos de presión en el escenario político.
