Las principales compañías eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han formalizado su petición para extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Esta solicitud marca un punto crucial después de más de un año de intensas deliberaciones y negociaciones tanto entre las propias empresas como con el Ejecutivo. La decisión final recae ahora sobre el Gobierno, que deberá evaluar la propuesta bajo criterios estrictos de seguridad, garantía de suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para los consumidores. La central de Almaraz es fundamental para el suministro energético del país, aportando un porcentaje significativo de la electricidad consumida y sosteniendo una importante cantidad de empleos.
La Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), que agrupa a las tres grandes empresas energéticas, ha tomado la decisión de solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación de la autorización de explotación. El objetivo es prolongar la operación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Según un comunicado oficial de CNAT, la central extremeña genera más del 7% de la electricidad consumida en España, un volumen suficiente para abastecer a cuatro millones de hogares, además de generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo.
Esta iniciativa se produce tras un prolongado período de debates entre las compañías propietarias y el propio Gobierno respecto al futuro de la instalación. A lo largo de este tiempo, las empresas han ajustado sus expectativas sobre el plazo de viabilidad de Almaraz, inicialmente fijado en 2024 y luego en 2025, debido a la necesidad de adquirir uranio y formar personal. Aunque la central podría continuar operando hasta marzo de 2026 antes de una decisión definitiva, el acuerdo alcanzado entre las eléctricas ha sido solicitar una prórroga hasta 2030.
La propuesta de extensión se limita a la central de Almaraz y no contempla nuevas compensaciones económicas por parte del Estado, lo cual podría facilitar su aceptación. No obstante, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reiterado la postura inalterable del Gobierno, insistiendo en que cualquier prórroga debe ser segura, necesaria para el abastecimiento energético del país y sin implicar costos adicionales para los consumidores. La ministra ha señalado que la pelota está en el tejado de las empresas, y el Gobierno se sentará a negociar solo si la propuesta cumple con estos tres pilares.
A partir de ahora, la central de Almaraz se verá inmersa en dos procedimientos administrativos que, aunque contradictorios, se desarrollarán en paralelo. Por un lado, se inicia el proceso para evaluar la posible prórroga de su funcionamiento. Por otro lado, también dará comienzo el expediente para el cese de explotación, un trámite previo e indispensable para el desmantelamiento de la central. Este último, que no es irreversible, implica el envío de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y debe iniciarse dos años antes de la fecha de cese de actividad, fijada para el 1 de noviembre de 2027. Las eléctricas deben entregar estos documentos iniciales antes de finalizar el mes en curso. Pese a estos trámites, la central cuenta con permisos de seguridad válidos hasta 2030, lo que simplificaría una extensión administrativa.
La formalización de la solicitud por parte de las empresas eléctricas introduce una nueva fase en el debate sobre el futuro energético de España, en un contexto de creciente interés por la seguridad del suministro y la transición ecológica. La prolongación de la actividad de Almaraz podría ser una solución pragmática para mantener la estabilidad del sistema eléctrico mientras se avanza en el desarrollo de energías renovables.
