La propuesta de un régimen de financiación particular para Cataluña, que contempla la transferencia total del IRPF, ha resurgido un debate largamente pospuesto en España: la existencia de beneficios tributarios arraigados en un Estado que se autodefine como social, democrático y de derecho. Esta cesión, impulsada por motivos políticos y temporales para asegurar la estabilidad del gobierno, no se fundamenta en principios de eficacia o igualdad. Representa una fragmentación adicional del sistema fiscal nacional, comprometiendo la equidad entre las diversas regiones y enviando el mensaje de que la presión política se traduce en mayores beneficios.
Sin embargo, esta reciente concesión nos obliga a confrontar una anomalía aún más significativa: los sistemas fiscales especiales del País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades, amparadas por un marco constitucional, recaudan y administran casi la totalidad de sus impuestos. Negocian periódicamente sus contribuciones al Estado central por los servicios recibidos, sin aportar al fondo común de financiación autonómica, del que se benefician las regiones menos desarrolladas. Mientras la Comunidad de Madrid, principal contribuyente al sistema, aporta miles de millones netos anualmente, el País Vasco y Navarra no solo no contribuyen al fondo de garantía de servicios esenciales, sino que gozan de una financiación per cápita superior al promedio nacional. Esta situación se mantiene sin mecanismos de solidaridad interterritorial, sin una supervisión parlamentaria efectiva y sin la voluntad de reformar un sistema que, en otros países europeos, sería considerado profundamente injusto. Aunque estos regímenes tienen reconocimiento constitucional, su legitimidad como pactos vivos y no como dogmas, permite su revisión. Lo que en el pasado pudo ser una concesión necesaria, hoy se percibe como un privilegio obsoleto que debilita la integridad del sistema fiscal en su conjunto. La cuestión central no es la legalidad de estos acuerdos, sino su justicia, sostenibilidad y compatibilidad con la igualdad de derechos y deberes entre todos los ciudadanos españoles. El silencio cómplice ya no es una opción viable.
La reivindicación catalana de 'singularidad' para distanciarse del régimen común se sustenta en la arraigada ventaja de los regímenes forales. Si no se frena esta tendencia a la fragmentación fiscal, el Estado corre el riesgo de convertirse en un conjunto de privilegios interconectados, insolidarios e inmanejables. Los futuros gobiernos deberán abordar esta realidad con determinación y responsabilidad, dejando de lado la idea de que la revisión del sistema de financiación autonómica implica mantener privilegios a cambio de estabilidad política. Es imprescindible eliminar estos tabúes. España requiere un sistema de hacienda pública justo, transparente, unificado y solidario, lo que necesariamente implica reformar las bases para poner fin a los privilegios forales. En una democracia, ningún privilegio fiscal debe ser eterno.
