La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en sus informes que Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, amonestó severamente a Javier Herrero, entonces director general de Carreteras. El motivo de la reprimenda fue la notable intervención de Herrero en la asignación de un contrato a una Unión Temporal de Empresas (UTE) con conexiones a la presunta red de corrupción. Específicamente, se trataba de las obras de renovación del Puente del Centenario en Sevilla, un proyecto de gran envergadura valorado en más de 100 millones de euros, adjudicado en abril de 2019 a la UTE conformada por Acciona, Tecade y Freyssinet SAU. Los investigadores destacan que Herrero se expuso de manera imprudente en este proceso, lo que generó inquietud en Koldo, quien le manifestó que su actuar 'a pecho descubierto' podría acarrear problemas serios, tal como se desprende de las conversaciones grabadas con Santos Cerdán, figura clave del PSOE.
La insistencia de Herrero en esta adjudicación particular, según la UCO, incluso le valió 'desavenencias' con Pedro Saura, entonces Secretario de Estado, quien supuestamente intentó su cese. Esta situación era de gran preocupación para Cerdán y Koldo, ya que temían que, si Herrero era destituido, podría 'contar lo que hay', revelando información comprometedora. Los agentes de la Guardia Civil sostienen que Herrero poseía datos sensibles sobre promesas de compensación hechas por terceros a cambio de su presión para asegurar el contrato del Puente del Centenario. Tanto Herrero como Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif e igualmente imputada en el caso, son considerados por la investigación piezas fundamentales en el esquema de la trama para manipular contratos de obra pública a cambio de sobornos, evidenciándose el interés de Koldo y Cerdán en mantener a Herrero en su posición tras la moción de censura de 2018 y ascenderlo después de las elecciones de 2019.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La integridad en los procesos de adjudicación de contratos es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Es crucial que las instituciones actúen con la máxima diligencia para erradicar cualquier práctica corrupta, garantizando que los recursos públicos se utilicen en beneficio de toda la ciudadanía y no para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. La constante vigilancia y la aplicación rigurosa de la ley son esenciales para preservar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia prevalezca, fomentando un entorno donde la ética y la probidad sean los principios rectores.
