La economía española ha sido elogiada internacionalmente por su resiliencia, recibiendo mejoras de calificación crediticia y destacando en la prensa económica mundial. Un factor clave en este reconocimiento es la supuesta estabilidad laboral, impulsada por la reforma de 2021. Si bien ha habido una notable reducción en los contratos temporales, los analistas advierten que esta tendencia parece haberse ralentizado, generando dudas sobre si la estabilidad alcanzada es sostenible o si la temporalidad ha llegado a un umbral estructural. Este escenario plantea interrogantes sobre la verdadera profundidad de la mejora y el largo camino que aún queda por recorrer para que España converja con los estándares de empleo europeos, especialmente considerando el peso del sector servicios y la influencia del sector público en esta dinámica.
La reforma laboral de 2021 marcó un hito al reducir significativamente la tasa de temporalidad en España, pasando de más del 26% en 2019 a aproximadamente el 15% actual. Este avance, sin embargo, aún no alcanza el promedio europeo del 12%. Instituciones como Fedea y BBVA Research sugieren que esta disminución no se debe a un cambio en la composición del empleo, sino a una redefinición de las modalidades de contratación, donde los contratos eventuales tradicionales han sido reemplazados por los denominados fijos discontinuos. Estos últimos, aunque estadísticamente se consideran indefinidos, implican periodos de inactividad intermitente, lo que genera una rotación laboral elevada. El Banco de España, en su informe de 2024, corrobora que, a pesar de la reducción en la temporalidad contractual, la rotación general del empleo ha aumentado, afectando al 6,3% de los ocupados anualmente, una cifra considerablemente superior a la de países como Francia o Alemania.
Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea y experto en mercados laborales, subraya que la reforma aún es incipiente y sus efectos a largo plazo son limitados. Argumenta que la disminución de la temporalidad se ha traducido principalmente en una sustitución de contratos, no necesariamente en una mayor permanencia de los trabajadores en sus puestos. Además, señala un incremento en los periodos de inactividad para los fijos discontinuos y una mayor incidencia de ceses laborales por abandono voluntario o durante el periodo de prueba. Felgueroso pronostica que la tasa de temporalidad se mantendrá estable en los próximos años, sin una convergencia clara con los niveles europeos, y destaca la dificultad de discernir si la mejora se debe únicamente a la reforma o a otros factores como la recuperación post-pandemia y cambios en la gestión de recursos humanos.
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, coincide en que la reforma ha coincidido con un cambio en el mercado laboral, pero atribuye parte de este a factores como el crecimiento económico y los cambios demográficos. Observa que las empresas están optando por estabilizar las relaciones laborales y que existe una transformación en la mentalidad empresarial, lo que se traduce en una creación de empleo genuina. Sin embargo, Torres advierte sobre un 'residuo de temporalidad' inherente a la estructura productiva española y, de manera crucial, al sector público, donde la temporalidad no se ha reducido tan eficazmente. Su proyección es que la tasa de temporalidad se estancará en un contexto de crecimiento económico moderado, habiendo alcanzado un 'ritmo de crucero' en términos de calidad de empleo.
El Gobierno, a través de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, reconoce que las tasas de temporalidad se están estabilizando tras la reconfiguración inicial de los contratos. No obstante, una evaluación exhaustiva del impacto de la reforma de 2021 aún está pendiente. La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció la creación de una comisión de expertos para este fin, un requisito impuesto por Bruselas para la liberación de fondos del Plan de Recuperación. Aunque el plazo original para presentar los resultados era enero de 2025, Díaz ha extendido este periodo un año más, lo que ha generado expectación sobre las conclusiones de este análisis crucial.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un informe que, aunque positivo, llama a la cautela. Concluye que las reformas laborales han tenido 'efectos positivos de magnitud moderada', mejorando la inserción y estabilidad y reduciendo parcialmente la segmentación laboral. Sin embargo, enfatiza que estos resultados son promedios, medidos en un horizonte temporal limitado y bajo la influencia de choques económicos simultáneos. AIReF sugiere que se necesitarán más datos para confirmar si estos efectos se consolidan o se matizan con el tiempo, lo que refuerza la necesidad de una evaluación continua y profunda.
Uno de los principales focos de preocupación entre los analistas es la persistencia de una elevada temporalidad en el sector público. Si se excluyera este sector del cálculo, la tasa de temporalidad de España en el ámbito privado se acercaría al promedio europeo del 12%. Sin embargo, el sector público mantiene una tasa superior al 28%, lo que ha generado reprimendas de la Comisión Europea y ha llevado a la congelación de fondos del Plan de Recuperación. A pesar de los compromisos del Gobierno, aún no se ha implementado un plan efectivo para abordar esta problemática, especialmente en áreas como Educación, Sanidad y Justicia. Esta inacción gubernamental contrasta con la adaptabilidad del sector privado, como se ha visto en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que han reorientado su negocio para ofrecer seguridad jurídica y flexibilidad a las empresas en un nuevo marco laboral.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social juega un papel activo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal. En 2023, logró transformar cerca de 170.000 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos en indefinidos, un aumento del 23% respecto al año anterior. Esta estrategia de control, iniciada en 2018, sigue siendo una línea maestra en el Plan Estratégico 2025-2027 del organismo, con el objetivo de consolidar la estabilidad laboral en el país. La continua supervisión y las acciones correctivas demuestran un compromiso constante en la adaptación y el cumplimiento de las normativas laborales, buscando cerrar las brechas que aún persisten en el mercado de trabajo español.
