La economía española se encuentra en una encrucijada, enfrentándose a retos significativos en su camino hacia un futuro incierto. Según María Jesús Fernández, destacada economista de Funcas, el crecimiento económico del país, aunque notable en cifras brutas, no se ha traducido en una mejora sustancial del bienestar individual. La expansión demográfica, impulsada por la inmigración, ha diluido el impacto del crecimiento del PIB en el ingreso per cápita, manteniéndolo al nivel de 2019, sin lograr cerrar la brecha con otras naciones europeas. Esta situación se atribuye fundamentalmente a una baja productividad crónica, un problema estructural que, según Fernández, subyace a desafíos como la capacidad adquisitiva limitada, los salarios estancados y el declive de la clase media.
Abordar el problema de la productividad es crucial para el progreso de España. La economista identifica varias causas, incluyendo deficiencias en el sistema educativo, que se reflejan en altas tasas de abandono y habilidades básicas deficientes, así como una descompensación entre la formación superior y la demanda del mercado, especialmente en áreas STEM. Asimismo, el tamaño predominante de las microempresas, sumado a una excesiva regulación y una carga fiscal elevada, frena su crecimiento e impide la creación de nuevas iniciativas empresariales, mermando el dinamismo y la innovación. En este contexto, Fernández califica la propuesta de reducir la jornada laboral como un error grave, argumentando que impactará negativamente la productividad y, a la larga, los salarios reales, sin considerar las particularidades del tejido empresarial español, mayoritariamente compuesto por pymes.
Mirando hacia el futuro, España debe enfrentar una serie de transiciones globales como el envejecimiento demográfico, la escasez de mano de obra, la desglobalización y el avance de la inteligencia artificial. La experta de Funcas advierte que el país carece de la preparación adecuada para afrontar estos desafíos, ya que los problemas estructurales persisten y las recientes políticas, como la reforma de pensiones y la Ley de Vivienda, no solo no han aportado soluciones, sino que en algunos casos han exacerbado las dificultades. La inversión privada se mantiene estancada, y los fondos Next Generation no han logrado el efecto tractor esperado ni han propiciado las reformas estructurales necesarias. Para España, el camino a seguir implica una reevaluación profunda de sus políticas económicas, priorizando medidas que estimulen la productividad, fomenten la inversión y promuevan un entorno propicio para el desarrollo empresarial y la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos.
