Los especialistas en finanzas públicas han lanzado una voz de alerta sobre las consecuencias que acarrearía la eventual gravación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De concretarse esta medida, promovida desde el Ministerio de Hacienda, las empresas se enfrentarían a un aumento significativo en sus cargas laborales, estimado en aproximadamente 480 euros por empleado al año. Esta situación ha generado un debate entre las carteras de Hacienda y Trabajo, con los técnicos de Gestha respaldando la postura de eximir al SMI de tributación para salvaguardar la estabilidad económica empresarial y evitar presiones adicionales sobre los costos operativos.
El sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea gravado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según sus cálculos, esta medida, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acarrearía un incremento en los costes laborales para las empresas, cuantificando un desembolso adicional de aproximadamente 480 euros anuales por cada trabajador. Esta postura los alinea con el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, quien aboga por mantener la exención del SMI para evitar un impacto negativo en la economía y en el empleo.
La controversia surge en un momento en que el Ministerio de Trabajo está evaluando distintos escenarios para el SMI, incluyendo su posible aumento para que continúe representando el 60% del salario medio, conforme a las directrices de la Carta Social Europea. Una de las opciones contempla que el SMI tribute en el IRPF, lo que requeriría un incremento bruto aún mayor para que el valor neto, después de impuestos, mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores. Los técnicos de Hacienda advierten que esta alternativa conllevaría un aumento tanto en los salarios brutos como en las cotizaciones sociales, lo que repercutiría directamente en la competitividad de las empresas. Por ejemplo, un SMI de 16.576 euros en 2025 tendría que ascender a 16.916 euros brutos si estuviera sujeto al IRPF, generando un coste adicional de 340 euros para la empresa y elevando las cotizaciones sociales de 6.955 a 7.099 euros. Esto resultaría en un coste laboral extra de 483 euros por trabajador en un solo año.
Para evitar la tributación del SMI en el IRPF, Gestha sugiere dos caminos: elevar el mínimo exento de tributación, lo que supondría una considerable reducción en la recaudación fiscal, o aplicar una deducción fiscal específica. Esta última opción fue la implementada en 2025, cuando se aprobó una deducción de 340 euros anuales para salarios de hasta 16.576 euros, beneficiando a más de medio millón de contribuyentes que, de esta manera, no tendrían retención ni tributarían por este impuesto. Los técnicos proponen que esta deducción se extienda también a los pensionistas, quienes fueron excluidos en la anterior ocasión, pero consideran que no es necesario aplicarla a los desempleados, ya que sus ingresos suelen ser inferiores al SMI mensual y, por tanto, no tributarían en el IRPF.
Actualmente, se estima que alrededor de 2,4 millones de trabajadores perciben el Salario Mínimo, aunque un número mayor, cercano a los 8 millones, ingresa una cantidad inferior debido a contratos a tiempo parcial o periodos de inactividad laboral. La decisión final sobre la tributación del SMI tendrá un impacto significativo en la economía española, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas y a la recaudación pública. La búsqueda de un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los salarios más bajos y la sostenibilidad de los costes empresariales se convierte en un desafío crucial para el gobierno.
