La organización Facua-Consumidores en Acción ha emprendido acciones legales contra destacados parques de atracciones en España, incluyendo Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura y Terra Mítica. La denuncia se centra en la política de estos recintos de prohibir la entrada con alimentos y bebidas adquiridos fuera de sus instalaciones. Facua considera que esta normativa es un abuso de poder que vulnera los derechos de los consumidores, obligándolos a adquirir productos a precios inflados dentro de los parques. Esta situación, según la asociación, genera un desequilibrio contractual y restringe la libertad de elección de los usuarios, quienes se ven perjudicados económicamente al no poder llevar sus propias provisiones.
La controversia surge del argumento de Facua de que la restricción de acceso con comida y bebida no se justifica por razones de seguridad o higiene, sino por un claro interés económico de los parques. La asociación ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a abrir expedientes sancionadores contra estas empresas. La base legal de la denuncia se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cual tipifica como abusivas las cláusulas que limitan los derechos del consumidor o imponen servicios accesorios no solicitados.
Para fundamentar su reclamo, Facua ha comparado las prácticas en España con las de otros grandes parques temáticos europeos. Sorprendentemente, recintos como Disneyland París, Parc Astérix en Francia, Europa-Park en Alemania, Legoland Windsor Resort en el Reino Unido, y el Parque de los Jardines de Tivoli en Dinamarca, sí permiten el ingreso de alimentos y bebidas del exterior. Esta comparativa refuerza la posición de Facua, que sostiene que las alegaciones de “higiene y seguridad” esgrimidas por algunos parques españoles, como Parque Warner y Terra Mítica, carecen de sustento cuando se observa la permisividad en otros países.
La asociación insiste en que la actividad principal de estos establecimientos es el ocio y la recreación, y que el servicio de restauración es una actividad complementaria. Por lo tanto, la prohibición de introducir alimentos se convierte en una imposición indirecta de servicios no deseados. Dada la cantidad de horas que los visitantes permanecen en estas instalaciones, se ven forzados a consumir dentro, lo que genera un coste adicional significativo. Facua subraya que esta práctica no solo contraviene la ley de consumo al limitar la libertad del usuario, sino que también representa un desequilibrio injusto en las relaciones contractuales entre el consumidor y el parque.
La denuncia de Facua pone de manifiesto la necesidad de garantizar que las políticas de admisión en los parques de atracciones respeten los derechos fundamentales de los consumidores, evitando prácticas que prioricen el beneficio económico por encima de la libertad de elección y el bienestar del visitante.
