Iberdrola ha emprendido acciones legales contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, en un litigio que surge a raíz del masivo apagón que afectó a la península ibérica. La compañía energética busca proteger su honor y reputación, alegando que Corredor señaló injustamente su planta fotovoltaica de Núñez de Balboa como el origen de la falla eléctrica. Este movimiento legal se produce después de que las acusaciones de la presidenta de Red Eléctrica, vertidas en el Senado, no encontraran un respaldo concluyente en los informes técnicos y de investigación posteriores, intensificando la controversia en torno a la causa real del incidente.
El enfrentamiento judicial tiene sus raíces en el apagón del 28 de abril, un evento de gran magnitud que sumió a España y Portugal en la oscuridad por más de diez horas. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, compareció el 11 de septiembre ante la comisión del Senado encargada de investigar el incidente. Durante su intervención, atribuyó la oscilación inicial que desencadenó el colapso a una \"mala gestión y un mal control\" en una planta fotovoltaica de alta potencia ubicada en la provincia de Badajoz. Aunque no mencionó directamente a Iberdrola, la referencia a la planta de Núñez de Balboa, una de las instalaciones renovables más emblemáticas de la compañía, fue inequívoca para el sector.
Previamente, el 18 de junio, el operador del sistema ya había insinuado en su informe preliminar del \"blackout\" que una \"anomalía interna\" en una fotovoltaica de Badajoz, que generaba unos 250 MW y luego ascendió a 350 MW, fue la causa de la fluctuación. Estas declaraciones, que colocaban a la planta de Iberdrola en el centro de la controversia, generaron un fuerte descontento en la compañía, que se sintió directamente aludida y perjudicada en su imagen.
Para Iberdrola, líder en capitalización entre las eléctricas europeas y una marca con fuerte presencia internacional, la cuestión de la reputación es de suma importancia. Ante las acusaciones que, según la empresa, carecen de fundamento en los informes oficiales, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán decidió actuar con firmeza. La acción legal se inició con un trámite de conciliación, un paso previo a la interposición de una demanda civil, con el objetivo de salvaguardar su derecho al honor, un mecanismo legal aplicable tanto a personas físicas como jurídicas en España para proteger su imagen pública y profesional.
Expertos y diversos informes no han logrado confirmar la hipótesis de Red Eléctrica. Ni el informe gubernamental ni el análisis posterior de un panel de especialistas europeos liderado por Entso-e han respaldado la idea de que la planta de Badajoz fuera la fuente de una oscilación \"forzada\". Aunque se reconoció la existencia de oscilaciones anómalas y locales, la conclusión sobre su origen \"forzado\" o \"natural\" sigue siendo incierta. Además, la planta de Núñez de Balboa había superado con éxito un proceso de inspección periódica supervisado por la propia Red Eléctrica la primavera anterior al apagón, lo que añade complejidad al debate sobre la responsabilidad del incidente.
