La Unión Europea ha manifestado su preocupación formal respecto a la intervención del gobierno español en la propuesta de adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción, argumentando que la acción del Ejecutivo español al elevar la decisión al Consejo de Ministros carece de justificación bajo las normativas de competencia y podría restringir indebidamente la libertad de establecimiento y la circulación de capitales dentro del mercado único europeo. Esta medida subraya la tensión entre la soberanía nacional en asuntos económicos y los principios de libre mercado promovidos por la UE.
El expediente de Bruselas se centra en varios puntos críticos. En primer lugar, la Comisión considera que la decisión del gobierno español de asumir la aprobación de la operación, más allá de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no se alinea con los motivos de interés general estipulados en la legislación española de competencia. Según las autoridades europeas, la fusión entre BBVA y Sabadell no presenta características que justifiquen una intervención gubernamental de esta magnitud. Cualquier impedimento a la libre circulación de capitales o a la libertad de establecimiento debe ser estrictamente justificado por razones de interés público, lo cual, en este caso, no ha sido evidente para Bruselas.
Adicionalmente, la UE ha puesto el foco en dos normativas españolas específicas: la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito, y el artículo 11 del Real Decreto 84/2015. Estas disposiciones otorgan al Ministro de Economía la facultad de vetar y decidir sobre fusiones y adquisiciones en el sector bancario. La Comisión Europea advierte que estas prerrogativas ministeriales podrían entrar en conflicto con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales, tal como se establecen en la normativa bancaria de la UE. Bruselas ha solicitado una modificación de estas leyes, o al menos una reorientación en su aplicación, para que se ajusten al marco legal europeo.
El proceso iniciado por la Comisión implica el envío de una comunicación formal a España, que tendrá un plazo de dos meses para presentar su respuesta. Posteriormente, la Comisión emitirá un dictamen motivado, indicando si persiste la infracción y qué acciones correctivas son necesarias. En caso de que España no implemente los cambios requeridos en el plazo establecido, la UE podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación representa un segundo llamado de atención por parte de Bruselas, tras una advertencia previa donde se indicó que no había justificación para bloquear la operación si contaba con la aprobación del BCE y la CNMC.
La postura de la Comisión Europea es clara: la consolidación en el sector bancario es beneficiosa para la economía de la UE, facilita la asignación eficiente de capital y asegura que consumidores y empresas accedan a productos financieros competitivos. Por tanto, la intervención discrecional de un gobierno nacional en este tipo de operaciones es vista con desaprobación, especialmente si no está respaldada por motivos sólidos y conformes al derecho europeo. Este episodio resalta la importancia de la coherencia regulatoria y el respeto a los principios de competencia en el mercado único.
La actual investigación de Bruselas no es la primera señal de desaprobación hacia las acciones del gobierno español en este contexto. Previamente, cuando el Ejecutivo anunció su intención de llevar la operación al Consejo de Ministros, la UE ya había expresado su extrañeza, afirmando no encontrar razones para un rechazo o bloqueo de la fusión. La advertencia entonces fue contundente, destacando que si tanto el BCE como la CNMC daban su visto bueno, no existía fundamento para detener la operación mediante una decisión gubernamental discrecional. Este seguimiento de cerca por parte de la Comisión subraya la seriedad con la que se toma la posible interferencia política en procesos de mercado que deberían regirse por normativas de competencia y supervisión bancaria.
