Una exhaustiva investigación judicial ha revelado la compleja red de actividades ilícitas que involucran a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y a su consultora, Equipo Económico. El caso, que ha sacudido el panorama político español, pone de manifiesto un presunto esquema de tráfico de influencias cuyo objetivo era moldear la legislación en beneficio de ciertas corporaciones gasistas. Las cifras, que incluyen un estimado de 51 millones de euros en pérdidas para el erario público y la distribución de casi 23 millones entre los socios del despacho, subrayan la gravedad de las acusaciones. El proceso judicial en Tarragona avanza, con el juez a cargo deliberando sobre la citación a declarar de los numerosos implicados.
El magistrado Rubén Rus Vela, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ha formalizado la imputación de Cristóbal Montoro y otras 28 personas, entre ellas excolaboradores del Ministerio de Hacienda. Esta acción es el resultado de una investigación que se ha mantenido en secreto desde 2018 y que se centra en las operaciones de los directivos de Equipo Económico, la firma fundada por el propio Montoro en 2006. Además de los individuos, seis compañías, incluyendo Equipo Económico y varias del sector gasístico, también han sido imputadas.
La trama se articularía en torno a la capacidad de los dirigentes de Equipo Económico para “intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables”. Se ha documentado que lograron modificar disposiciones en los Presupuestos de 2018, beneficiando a empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Los delitos provisionalmente imputados abarcan cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción empresarial y falsedad documental.
Entre 2011 y 2019, Equipo Económico percibió pagos por valor de 779.705 euros de las empresas gasistas implicadas. Destaca el hecho de que, aunque los informes técnicos justificativos eran subcontratados a terceros, las minutas del despacho investigado llegaban a multiplicar por diez el coste de estos informes, lo que ha llamado la atención del juez.
Un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, estima que el perjuicio total derivado de las modificaciones del impuesto eléctrico (IE) y el impuesto sobre actividades económicas (IAE) asciende a más de 51 millones de euros. Esta cifra se calcula proyectando los impactos de la reforma del IE a diez años (41 millones de euros) y la del IAE a cinco años (10,5 millones de euros), lo que representa una significativa reducción de ingresos para las arcas públicas.
La investigación también ha desvelado la existencia de al menos quince empresas, y posiblemente hasta veinte según Hacienda, que actuarían como entidades instrumentales para desviar fondos de la presunta actividad delictiva. Estas empresas, entre las que se encuentran Global Afteli (antiguo Equipo Económico), Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, y Tax Dynamics, son objeto de análisis por parte de la UCO de la Guardia Civil.
Para rastrear el destino de los fondos supuestamente desviados, se ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de 321 cuentas bancarias y 339 productos financieros vinculados a los imputados. A pesar de los requerimientos judiciales enviados a diversas entidades financieras en diciembre de 2023, la recopilación completa de la información aún no ha finalizado.
Los socios de Equipo Económico, la firma fundada por Montoro, habrían repartido entre sí cerca de 22,8 millones de euros entre 2008 y 2017, según informes de los Mossos d'Esquadra. Estos beneficios, presuntamente obtenidos por influir en modificaciones fiscales favorables, resultaron en una rebaja fiscal del 85% para las empresas de gases industriales. Ricardo Martínez Rico, socio principal, que adquirió las participaciones de Montoro, recibió 8,4 millones de euros en ese período, con sus mayores ingresos coincidiendo con el retorno del PP al poder.
Equipo Económico gestionó una cartera de hasta 130 clientes y entidades entre 2008 y 2019, que pagaron sumas superiores a los 6.000 euros. Entre los clientes más destacados figuran Solaria Energía y Medio Ambiente (dos millones), Madrid Network (1,8), BBVA (1,8), Telefónica Internacional (1,8), y Philip Morris (1,3). También se mencionan Abengoa, Caja Rural de Jaén, Red Eléctrica Española, la Confederación Empresarial de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Canarias y el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria Madrid.
Este caso pone de manifiesto la compleja interacción entre el poder político, la consultoría económica y el sector empresarial, revelando posibles prácticas corruptas que podrían haber tenido un impacto significativo en las finanzas públicas.
