La investigación en curso ha puesto de manifiesto la presunta participación crucial de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en una compleja red de irregularidades. Las autoridades judiciales han dictaminado su ingreso en prisión provisional, sustentándose en una serie de pruebas contundentes recopiladas a través de registros, intervenciones telefónicas y análisis de documentos. Estos elementos señalan una implicación que abarca desde la manipulación de licitaciones y la propiedad oculta en empresas contratistas, hasta la gestión de pagos ilícitos y la existencia de una red de protección interna. La magnitud de los hallazgos sugiere un entramado sofisticado y de largo alcance, que involucra a diversas figuras y organismos públicos.
Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntan a que Santos Cerdán y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, habrían comenzado a orquestar el amaño de contratos en la comunidad foral desde 2016. La atención de los investigadores se centra en adjudicaciones específicas como las de Mina Muga y el polideportivo Navarra Arena de Pamplona, otorgadas a Servinabar 2000 SL, una constructora que inicialmente era de pequeña envergadura. Se sospecha que Cerdán ejerció un papel fundamental como mediador para asegurar que esta empresa obtuviera los contratos. Los mensajes de WhatsApp interceptados entre Cerdán y Koldo revelan un interés constante por las obras y una presión por parte de Cerdán para acelerar procesos de licitación, como el de la autovía A-68 en Logroño.
Un aspecto llamativo de la investigación es la revelación de que Cerdán figuraría como propietario de una parte de Servinabar. Un documento de compraventa de participaciones sociales, fechado en 2016, indica que Cerdán adquirió el 45% de la empresa, poco antes de que esta recibiera adjudicaciones millonarias, incluyendo la obra del túnel de Belate, valorada en 72 millones de euros. Las autoridades consideran que Cerdán tenía poder de decisión sobre Servinabar y Noran Coop, influyendo en aspectos como la ejecución de pagos y el suministro de bienes y servicios. A pesar de negar cualquier vínculo con la empresa, Cerdán participó en reuniones clave del Ministerio de Fomento con el Gobierno de Navarra en 2019, relacionadas con los túneles de Belate, a pesar de no ocupar ningún cargo administrativo en ese momento.
Las grabaciones de Koldo García a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, según el fiscal Luzón, evidencian que Koldo exigía los pagos adeudados, mientras que Cerdán se encargaba supuestamente de gestionar los montos y desembolsos. En una de las conversaciones intervenidas, Koldo y Cerdán concuerdan en que Ábalos habría recibido 550.000 euros por dos adjudicaciones en Murcia, además de 70.000 euros adicionales por un concepto denominado 'bajera'. Los agentes de la UCO señalan que, en un año, se habría realizado un pago extra de 50.000 euros a Ábalos, y la discrepancia entre Koldo y Cerdán radicaba en el saldo pendiente, cifrado por Koldo en 450.000 euros.
Otro indicio relevante surgió de una conversación entre Cerdán y Koldo en febrero de 2022, donde Koldo advirtió sobre las amenazas de un ingeniero de minas, amigo en común, de divulgar mensajes comprometedores si Guipuchi no saldaba una deuda. Aunque Cerdán inicialmente negó cualquier posibilidad de involucrarse, finalmente accedió a ocuparse del asunto. Asimismo, Koldo alertó a Cerdán sobre un problema relacionado con Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructura, quien buscaba destituir a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y al director general de Carreteras, Javier Herrero, señalados por la UCO como facilitadores de la organización criminal. Cerdán manifestó su preocupación por lo que 'podría contarse', y se cree que manipuló para remover a Pedro Saura del Ministerio de Transportes.
La existencia de una red de protección dentro de la trama quedó evidenciada en una conversación de 2023, donde Koldo informó a Cerdán que el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, era 'nuestro' y estaba en la embajada de Venezuela, recibiendo un pago mensual significativo. La UCO acusa a Villalba de aceptar pagos de los implicados en la trama a cambio de proteger a la organización criminal. Las cuentas del agente y su esposa mostraron ingresos en efectivo por 156.000 euros en siete años. Villalba, según la Guardia Civil, garantizaba la seguridad de los miembros y sus comunicaciones, además de proteger las operaciones delictivas. Este entramado de favores y protección pone de manifiesto la complejidad y la ramificación de la presunta red corrupta.
Los elementos descubiertos en esta investigación, que incluyen una compleja red de contratos manipulados, conexiones financieras opacas y una estructura de protección bien organizada, pintan un cuadro preocupante de la corrupción. Las pruebas recabadas sugieren que la trama era más extensa de lo que se pensaba inicialmente, con implicaciones en diversas esferas del poder y con mecanismos para asegurar su continuidad y blindaje frente a las autoridades. Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
