Una compleja trama que vincula a empresas del sector gasista con el Ministerio de Hacienda ha salido a la luz, revelando posibles irregularidades en la modificación de normativas fiscales. La investigación judicial ha puesto de manifiesto cómo, tras la contratación de una consultora con nexos con el entonces ministro de Hacienda, las compañías de gases industriales lograron una notable rebaja en sus impuestos. Los hallazgos sugieren un canal directo de comunicación y colaboración entre el sector privado y las altas esferas gubernamentales, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia en la elaboración de leyes tributarias. Este caso subraya la importancia de una supervisión rigurosa para prevenir conflictos de interés y asegurar la equidad en el marco fiscal.
La controversia se centra en las acciones que siguieron a la decisión de varias empresas de gases industriales de contratar los servicios de Equipo Económico, una firma de asesoría estrechamente ligada a Cristóbal Montoro, quien en ese momento era el titular de la cartera de Hacienda. Documentos y comunicaciones internas, como correos electrónicos incluidos en el sumario judicial del 'caso Montoro', revelan que representantes de estas empresas sostuvieron encuentros con el propio ministro y otros altos funcionarios del ministerio. En estas reuniones, se discutió la posibilidad de modificar el Impuesto Especial a la Electricidad para beneficiar al sector gasista.
Uno de los correos más reveladores, fechado el 21 de abril de 2014, fue enviado por José Luis Méndez, directivo de Carburos Metálicos, a sus colegas, incluyendo al también imputado Francesco Maione. En él, Méndez relata una reunión con Miguel Ferre, entonces secretario de Estado de Hacienda, y José María Buenaventura, director de Gabinete. Según el empresario, Ferre mostró un interés considerable en extender las bonificaciones del impuesto eléctrico al sector gasista. Lo más llamativo es que el secretario de Estado habría solicitado la colaboración de las empresas en la redacción de la ley, buscando su 'ayuda en cuanto a la redacción de la modificación de la ley, o sea a la redacción del BOE'.
Méndez también señaló en sus comunicaciones las aprehensiones del Ministerio de Hacienda respecto a una posible 'transposición completa de la Directiva Europea', por temor a 'abrir una ventana' que permitiera la inclusión de otros sectores. Sin embargo, el secretario de Estado les habría asegurado que buscaría la forma de incorporar a los gases industriales en la legislación. Este acercamiento, según la investigación, resultó en una bonificación fiscal del 85% para estas empresas en el Impuesto Especial a la Electricidad, lo que fue calificado por el juez como un beneficio directo tras la intervención de Equipo Económico.
La influencia de Equipo Económico no se limitó a la ley eléctrica. Los investigadores también señalaron su papel en la modificación del Impuesto de Actividades Económicas a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) dejó constancia en sus actas de reuniones, como la del 16 de octubre de 2017, de la certeza que tenían sobre la inclusión de las modificaciones deseadas en el borrador de la Ley de Presupuestos, incluso antes de que este llegara al Congreso, lo que ocurrió seis meses después. Esto, según los agentes, demuestra un 'canal directo de comunicación' entre AFGIM y el Ministerio de Hacienda, donde se discutían y aclaraban las propuestas de redacción de los epígrafes y notas aclaratorias a modificar.
La investigación en curso busca determinar si estas interacciones superaron los límites de la defensa legítima de intereses empresariales, adentrándose en un terreno donde la influencia indebida y el posible tráfico de influencias habrían moldeado decisiones legislativas en beneficio de intereses particulares. La gravedad de las acusaciones exige una revisión exhaustiva de los mecanismos que rigen la interacción entre el poder público y el sector privado en la configuración de la política fiscal.
