La patronal CEOE ha lanzado una severa crítica contra el borrador de Real Decreto-Ley del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, que pretende establecer un registro horario más estricto. La organización empresarial acusa al Ministerio de contravenir de forma clara y deliberada el Estatuto de los Trabajadores, una acción que, a su juicio, infringe directamente la Constitución española. En sus alegaciones, la CEOE recalca que la normativa actual otorga a la negociación colectiva o, en su defecto, a la decisión del empresario (con consulta previa a los representantes de los trabajadores), la facultad de organizar y documentar el registro de jornada. La patronal sostiene que el Real Decreto propuesto evade el proceso legislativo ordinario y carece de la habilitación legal necesaria, ignorando la jerarquía normativa consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución, que establece que los Reales Decretos deben desarrollarse a partir de la ley y no en sustitución de esta.
Además de la contradicción con la jerarquía normativa, la CEOE también cuestiona la forma en que se está tramitando la nueva regulación. Argumenta que el procedimiento de urgencia adoptado por el Ministerio no tiene justificación alguna, sugiriendo que se utiliza para limitar la capacidad de análisis y participación de los actores implicados, y posiblemente por conveniencia política para la líder de Sumar. La patronal subraya que esta celeridad impide un examen exhaustivo del contenido de la norma, a pesar de su significativo impacto en las obligaciones empresariales y de los trabajadores. Un punto crucial de su oposición es la ausencia de una Memoria Económica que acompañe el proyecto, a pesar de que la implementación de un registro horario digital y accesible para la Inspección de Trabajo implicaría costos adicionales y desproporcionados para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, así como para los autónomos. Estos costes incluirían licencias, aplicaciones informáticas, conectividad, soporte técnico, y la formación del personal, sin contar con los gastos derivados de la gestión diaria y la posible judicialización de discrepancias.
Finalmente, la CEOE enfatiza la necesidad de considerar las particularidades de cada sector productivo. La patronal apunta que la homogeneización del registro horario propuesta es inviable en sectores como el transporte por carretera (que ya cuenta con tacógrafos), la agricultura, la construcción o el marítimo, donde las condiciones de trabajo y la falta de conectividad presentan desafíos técnicos y materiales específicos. Esta imposición de un registro digital sin una evaluación de la brecha digital existente en ciertos territorios y colectivos, sumado a los costes no justificados, generaría una carga adicional inasumible. La CEOE también reitera la importancia de la desindexación de los contratos públicos, señalando que la Ley de Contratos del Sector Público no prevé la revisión de precios ante nuevas cargas reglamentarias como la que se plantea.
La controversia generada por el proyecto de registro horario del Ministerio de Trabajo evidencia la importancia de un diálogo constructivo y una legislación que respete los principios jurídicos fundamentales, garantizando la justicia y la equidad en el ámbito laboral, al mismo tiempo que se adapta a las realidades económicas y sectoriales. Es esencial que las políticas públicas busquen el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas, promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos los actores sociales. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro laboral más próspero y armonioso.
