Antes de conocerse la decisión final del Gobierno sobre los requisitos que podría imponer a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, su presidenta, Cani Fernández, ha mostrado una postura neutra y expectante, insistiendo en que cualquier medida adoptada debe estar fundamentada en criterios distintos a los de competencia y alineada con el interés general. Durante su intervención en un seminario económico en Santander, dejó claro que no corresponde a su institución anticipar acciones gubernamentales, pero destacó que la fase tres del proceso responde a principios legales siempre que se aplique correctamente.
Las diferencias entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ejecutivo han estado presentes durante gran parte del proceso de esta operación financiera, especialmente desde que el Gobierno anunció su deseo de reforzar los términos iniciales propuestos por el regulador. A pesar de ello, Fernández negó sentirse marginada o ignorada, manteniendo una actitud comedida y enfocada en cumplir estrictamente con el marco normativo. Explicó que su rol se centra únicamente en evaluar el impacto en el mercado competitivo, mientras que el Gobierno tiene margen para considerar otros factores de interés público.
Uno de los puntos más delicados es la ambigüedad legal respecto a qué constituye un interés general válido para justificar una intervención estatal. Fernández estableció dos condiciones claras: deben ser motivos diferentes a los de competencia y deben basarse efectivamente en el bien común. Respecto a posibles conflictos con la legislación europea, afirmó que no necesariamente hay infracción si las actuaciones siguen los cauces legales, aunque también recordó la advertencia de Bruselas contra decisiones arbitrarias. En este contexto, defendió que el reglamento comunitario permite excepciones siempre que se respete su espíritu y forma.
En medio de tensiones institucionales y normativas, el caso refleja la complejidad de equilibrar intereses económicos, políticos y regulatorios dentro de un marco legal que busca garantizar tanto la libre competencia como el interés colectivo. La prudencia mostrada por la presidenta de la CNMC subraya la importancia de mantener el Estado de derecho como pilar fundamental en la toma de decisiones que afectan al sistema financiero y, en última instancia, a la estabilidad económica del país.
