La reforma fiscal impulsada por Donald Trump, denominada One Big Beautiful Bill, ha generado un profundo impacto en el mercado global de energías renovables, desmantelando el marco de incentivos que previamente había atraído significativas inversiones extranjeras a Estados Unidos. Esta legislación ha puesto fin a los estímulos verdes establecidos por la Inflation Reduction Act (IRA) de Joe Biden en 2022, la cual había provocado una fiebre inversora mundial con el objetivo de transformar la matriz energética de un país rico en exportaciones de gas y petróleo. El repentino cambio de reglas ha dejado a numerosos proyectos en un estado de limbo, con inversiones que superan los 27.000 millones de dólares en riesgo.
Muchos de los inversores que se aventuraron en el mercado estadounidense en busca de oportunidades en el sector de la energía limpia provenían de Europa, con una notable presencia de empresas españolas. Tres años después, con centenares de proyectos en diversas etapas de desarrollo, la administración Trump ha comenzado a revocar permisos y créditos fiscales, llegando incluso a paralizar la construcción de parques ya iniciados. Ante este escenario, algunas compañías extranjeras han suspendido temporalmente sus operaciones en Estados Unidos, con la esperanza de que la duración del mandato republicano sea limitada. Otras, en cambio, se han lanzado a una carrera contra el tiempo para asegurar la viabilidad de sus proyectos, buscando un «puerto seguro» que les permita sortear las nuevas restricciones.
El senador demócrata Christopher Scott Murphy, en el pódcast Pod Save America, ha manifestado su preocupación ante el impacto de la nueva política fiscal en la transición energética estadounidense, afirmando que la reforma podría «enterrar la transición verde» y evitar la construcción de nuevas instalaciones solares o eólicas. Esta valoración, lejos de ser una hipérbole, se sustenta en datos. Atlas Public Policy, una firma local de análisis, ha confirmado un «aumento significativo» en las inversiones renovables suspendidas, con 18.700 millones de dólares en proyectos manufactureros cancelados hasta septiembre, lo que implica la pérdida de casi 24.000 empleos. Las cancelaciones en 2024 apenas superaron los 3.000 millones, lo que subraya la drástica aceleración de este fenómeno. La misma firma ha revelado que las empresas europeas y españolas habían comprometido 27.000 millones y 368 millones de dólares, respectivamente, en proyectos manufactureros desde 2020. Solo este año, las compañías europeas han anulado proyectos por un valor de 7.000 millones de dólares.
Un estudio conjunto del MIT y Rhodium Group ha corroborado el «efecto Trump», señalando que en el segundo trimestre de 2025, en medio del debate sobre la reforma fiscal, el valor de los proyectos cancelados superó por primera vez al de los nuevos anuncios de inversión en el ámbito manufacturero. Las inversiones en proyectos de fabricación disminuyeron un 59% con respecto al trimestre anterior y un 44% en comparación con el mismo periodo de 2024. Adicionalmente, los nuevos proyectos de generación de electricidad limpia a gran escala cayeron un 51%, y las iniciativas de descarbonización industrial se redujeron un 17%.
La reforma fiscal, promulgada por Trump el 4 de julio, aún está en proceso de mostrar su impacto total. Atlas Public Policy advierte que los efectos en las estadísticas podrían manifestarse con retraso, ya que muchos promotores han acelerado sus proyectos para no perder los incentivos aún vigentes. La nueva ley incorpora una cláusula de «puerto seguro», permitiendo que los proyectos que inicien su construcción en los próximos 12 meses o entren en operación para 2027 mantengan los créditos obtenidos durante la era Biden. Esto acorta el plazo original para la finalización de proyectos de 2032 a 2027, lo que supone un desafío considerable para los inversores.
En el mercado español, el impacto de la Big Beautiful Bill se está sintiendo con fuerza. Naturgy ha reconocido en sus últimos informes financieros que ha implementado estrategias para preservar los créditos fiscales de sus proyectos en Estados Unidos. Acciona, por su parte, ha reducido en 400 MW su objetivo de capacidad verde instalada en EE. UU. para este año, atribuyéndolo a la «paralización temporal de dos proyectos de baterías en respuesta a un entorno regulatorio más restrictivo». Aunque la empresa asegura tener garantizados los incentivos para una cartera de 1,2 GW en desarrollo y potencialmente para otros 2 GW bajo la cláusula de «safe harbour», la situación es incierta.
Fuentes financieras han expresado preocupación por los promotores independientes, quienes carecen del músculo financiero de los grandes jugadores y no pueden permitirse paralizar proyectos por años ni acelerar los recursos para cumplir con los nuevos plazos. Acelerar, no obstante, no garantiza el éxito, ya que muchos proyectos se encuentran en etapas tempranas de tramitación, dependientes de permisos urbanísticos, ambientales o de construcción, que escapan al control de los promotores. Uría Menéndez advierte que cualquier retraso puede hundir la rentabilidad de la inversión bajo el nuevo marco regulatorio.
Trump ha declarado una especie de guerra contra los molinos de viento, expresando su rechazo a los parques eólicos y su intención de impedir que los proyectos en curso se concreten. El Departamento de Justicia de EE. UU. ya está actuando para revocar la licencia federal concedida a Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, para construir dos megaplantas eólicas marinas en las costas de Massachusetts, una inversión potencial de 6.000 millones de dólares. Iberdrola, la mayor eléctrica europea, mantiene un fuerte vínculo con EE. UU., donde su principal negocio es el de las redes, con planes de invertir 20.000 millones de dólares en este segmento, lo que podría ser su baza para negociar con la administración Trump y salvar sus activos eólicos.
El impacto de la Big Beautiful Bill en España va más allá de las cuentas del Ibex energético, ya que la onda expansiva afectará a centenares de proyectos y pedidos frustrados de grandes compañías europeas. Un ejemplo es la ralentización en los pedidos de Vestas, uno de los líderes mundiales en aerogeneradores. La empresa danesa informó en agosto de una caída del 44% en el volumen de encargos en el segundo trimestre de 2025, atribuyéndola a la «falta de pedidos en algunos mercados principales, como EE. UU., donde los clientes han estado esperando mayor claridad regulatoria». Esta desaceleración inevitablemente tendrá repercusiones en las fábricas y puertos españoles.
La mayoría de las empresas españolas afectadas por el cambio fiscal se enfrentarán a un callejón sin salida legal. Expertos como Carmen Mozón y Jonathan Storms de Andersen anticipan litigios para determinar quién asumirá las pérdidas derivadas de esta modificación regulatoria, ya que los contratos suelen contener cláusulas que asignan la responsabilidad por cambios legales. Aunque muchos de estos conflictos terminarán en tribunales estadounidenses, no descartan arbitrajes internacionales si las resoluciones internas son insuficientes. Sin embargo, Uría Menéndez advierte que la vía arbitral es compleja, ya que EE. UU. cuenta con pocos tratados de inversión con países de altos ingresos como los de la Unión Europea, lo que limitaría la capacidad de los inversores europeos para presentar reclamaciones.
En contraste, la ley de Trump también perfila ganadores, entre ellos los gigantes de los combustibles fósiles y la energía nuclear, que han celebrado la reforma y han visto un aumento en el valor de sus acciones. Dentro del sector renovable, empresas nacionales fabricantes de componentes para la industria verde podrían beneficiarse de las nuevas restricciones a las importaciones asiáticas. Sin embargo, incluso entre los beneficiados, existe nerviosismo. First Solar, el mayor fabricante de módulos solares del país, ha advertido sobre la letra pequeña en la transferencia de créditos fiscales, una opción que la ley de Trump ofrece a los inversores que no puedan cumplir los plazos. La compañía ha reconocido que no puede confiar plenamente en que la administración Trump mantendrá su palabra sobre el reconocimiento de dichos créditos.
Trump ha amenazado a la Agencia Internacional de la Energía (IEA) con retirar a EE. UU. de la institución por afirmar que la demanda mundial de crudo y gas disminuirá con el avance de las energías limpias. Hammam Alkezmazy, investigador y consultor en sostenibilidad, asegura que la afirmación de que las renovables hacen perder dinero es una excusa, ya que estas son más baratas que los combustibles fósiles, una tesis respaldada por Goldman Sachs. Alkezmazy señala que el comité de investidura de Trump recibió más de 19 millones de dólares en donaciones de grupos vinculados al negocio fósil. Afirma que las repetidas declaraciones de Trump contra las energías limpias reflejan un «odio político» que ignora sus beneficios económicos. Además de la retirada de créditos, la ley fiscal busca imponer una tasa de hasta el 20% a los ingresos de inversores extranjeros en EE. UU., lo que reduce el atractivo del país para el capital verde y pone en riesgo los objetivos climáticos. Alkezmazy concluye que, si bien el enfrentamiento de presidentes estadounidenses con organizaciones internacionales no es inédito, la forma en que Trump ha atacado a la IEA sí lo es, anticipando una creciente resistencia por parte de estados, comunidades y organizaciones contra las acciones del presidente.
