La prolongada saga de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha capturado la atención del panorama económico español durante más de un año. Esta iniciativa, que se inició con un intento de fusión amistosa y escaló hasta convertirse en una OPA de carácter hostil, ha estado plagada de negociaciones complejas, rechazos iniciales por parte de Sabadell y, finalmente, una intervención significativa del ejecutivo. La reciente aprobación gubernamental, aunque condicionada, pone de manifiesto la intrincada red de intereses financieros, regulatorios y políticos que definen una de las operaciones más trascendentales en la banca española contemporánea.
El punto de partida de esta compleja relación se remonta al 16 de noviembre de 2020, cuando BBVA y Sabadell exploraron por primera vez una posible unión. Sin embargo, estas conversaciones preliminares fracasaron en apenas dos semanas debido a desacuerdos fundamentales en la valoración de las acciones. Este primer contacto sentó las bases para una interacción futura que demostraría ser anything but sencilla.
Cuatro años más tarde, el 30 de abril de 2024, BBVA relanzó su ofensiva con una propuesta formal de fusión de naturaleza amistosa. La reacción inicial de Sabadell fue de cautela, anunciando un análisis exhaustivo de la oferta. No obstante, el 6 de mayo de 2024, el consejo de administración de Banco Sabadell declinó la proposición, argumentando que subestimaba el valor real de la entidad y reiterando su compromiso con su propia estrategia de crecimiento. Este rechazo transformó la dinámica, abriendo la puerta a una confrontación más directa.
Ante la negativa, BBVA adoptó una postura más agresiva y el 9 de mayo de 2024 presentó una OPA hostil ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La oferta implicaba un canje de acciones sin prima en efectivo. Esta decisión fue recibida con críticas inmediatas por parte del gobierno español, a través del Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien expresó su desaprobación tanto por el fondo como por la forma de la operación. A pesar de esto, el proceso regulatorio continuó, y el 31 de mayo de 2024, BBVA formalizó la operación ante la CNMC, lo que dio inicio a un expediente oficial. La junta extraordinaria de accionistas de BBVA aprobó en julio la ampliación de capital necesaria para la adquisición, obteniendo un respaldo abrumador del 96.4%.
El respaldo del Banco Central Europeo (BCE) llegó el 5 de septiembre de 2024, al anunciar que no se oponía a la fusión, un paso crucial que validaba la solvencia de la entidad resultante, aunque sin carácter vinculante para las autoridades españolas. A pesar de este avance, la CNMC decidió el 12 de noviembre de 2024 pasar la operación a una segunda fase de análisis más profundo debido a sus potenciales efectos sobre la competencia, lo que extendió los plazos regulatorios.
En un movimiento estratégico para facilitar la adquisición, BBVA redujo el 9 de enero de 2025 el umbral mínimo de aceptación de la OPA al más del 50% de los derechos de voto efectivos, en lugar del 50.01% del capital social, lo que simplificaba el camino hacia el control. Un evento notable ocurrió el 21 de enero de 2025, cuando Banco Sabadell anunció el traslado de su sede social de nuevo a Cataluña, un gesto de gran simbolismo político y económico. El proceso avanzó con la aprobación de la CNMC el 30 de abril de 2025, aunque con la advertencia de posibles amenazas a la competencia en el sector minorista, lo que llevó a BBVA a proponer una serie de compromisos. Este análisis abrió el camino para la decisión final del gobierno.
Finalmente, el 24 de junio de 2025, después de un año de intensas negociaciones y controversias, el Consejo de Ministros aprobó la OPA de BBVA sobre Sabadell, aunque con una condición fundamental: la prohibición de fusionar las dos entidades durante un mínimo de tres años. Esta medida, interpretada como una forma de boicot por algunos, refleja las preocupaciones del gobierno sobre la concentración bancaria y sus posibles implicaciones para la competencia y el empleo, con sindicatos como CCOO y UGT alertando sobre una potencial pérdida de más de 10,000 puestos de trabajo. Este largo proceso culmina con una decisión que busca equilibrar los intereses del mercado con la estabilidad económica y social.
