Mercedes Morán, Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, ha expresado su firme convicción de que la clausura de la Central Nuclear de Almaraz representa un error trascendental. Las repercusiones de tal medida no solo serían perjudiciales para Extremadura, sino que afectarían negativamente a toda España. Actualmente, esta instalación en Cáceres es crucial, ya que genera el 7% del consumo eléctrico anual del país y sustenta más de 3.000 empleos, tanto directos como indirectos. El Gobierno central, en contravía de la tendencia europea, insiste en su plan de cierre. Este acto, según Morán, es una insensatez que la mayoría de los ciudadanos, colectivos, empresarios y expertos perciben, a excepción del Gobierno de Pedro Sánchez. Un cierre forzado implicaría la pérdida de una fuente de energía estable, afectaría negativamente la economía local y nacional, y frenaría el desarrollo industrial en una región ya vulnerable a la despoblación.
La Consejera atribuye esta persistencia del Gobierno central a una decisión puramente ideológica, la cual ignora la disposición de las empresas propietarias a extender la vida útil de la central y el contexto geopolítico actual que subraya la importancia de la soberanía energética. En Extremadura, la presión política y social es unánime en defensa de Almaraz, una planta viable y segura que contribuye al empleo, la riqueza y la estabilidad energética. La región, que es una potencia en energías renovables, defiende la compatibilidad entre estas y la energía nuclear, considerada limpia y de cero emisiones. Cerrar Almaraz comprometería la capacidad de Extremadura para atraer nuevas inversiones industriales, como centros de datos, debido a la incertidumbre en el suministro energético. La percepción de un 'tropezón' impuesto por el Gobierno central es palpable entre los extremeños, quienes anhelan un futuro de crecimiento y oportunidades para su tierra.
Ante esta situación, la Junta de Extremadura está trabajando incansablemente para fortalecer su sector energético, impulsando las zonas de aceleración de renovables con trámites más ágiles. Sin embargo, la defensa de la Central Nuclear de Almaraz sigue siendo una prioridad inquebrantable. Morán subraya que la decisión de cerrar Almaraz no obedece a motivos técnicos o ambientales, sino a una obstinación política del Gobierno de Sánchez, contradiciendo incluso la calificación de la energía nuclear como 'verde' por la UE. La Junta empleará todas las herramientas legales, políticas y de gestión pública para salvaguardar el empleo, la industria y la soberanía energética de Extremadura, rechazando un escenario de subsidios, dependencia y despoblación que resultaría del cierre de una instalación tan vital para la región.
En resumen, la postura de la Junta de Extremadura es clara: la Central Nuclear de Almaraz debe permanecer operativa. Su continuidad es fundamental para la estabilidad energética, el desarrollo económico y la creación de empleo en la región y en el país. El liderazgo local aboga por una política energética integral que abrace tanto la energía nuclear como las renovables, demostrando una visión progresista y pragmática en la búsqueda de un futuro energético seguro y sostenible para España.
