La Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado un nuevo borrador de real decreto para el control horario, caracterizado por una menor rigidez en comparación con las expectativas iniciales. Esta medida se lanza después de que una propuesta legislativa anterior sobre la reducción de la jornada laboral no prosperara en el Congreso. La propuesta ha generado diversas reacciones: mientras algunos esperaban una regulación más estricta, los empresarios habían expresado preocupaciones sobre la viabilidad de implementar sistemas de registro horario más rígidos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Este decreto, aún en fase de consulta pública, busca establecer un marco legal para el registro de la jornada laboral, aunque con una aproximación que permite mayor flexibilidad en los métodos de registro.
A menos de 24 horas del revés en el Congreso, donde partidos de derecha bloquearon la ley de reducción de jornada, Yolanda Díaz puso en marcha la consulta pública del texto que busca establecer las bases del nuevo sistema de registro horario. Esta acción rápida se interpreta como una respuesta a la falta de apoyo de los empresarios a su propuesta de conciliación. Sin embargo, el alcance de esta nueva normativa parece ser menos ambicioso de lo que se había anticipado inicialmente. Al tratarse de un proyecto de real decreto, se prevé que incorpore las aportaciones de los agentes económicos durante el periodo de consulta.
Las organizaciones sindicales han manifestado su descontento, señalando que la propuesta actual no refleja acuerdos previos. Una de las principales ausencias es la mención al aumento de las sanciones para las empresas que no cumplan con el registro horario o la jornada laboral. En el proyecto de ley anterior, se contemplaba un incremento significativo de las multas, llegando a 10.000 euros por empleado afectado. No obstante, el actual decreto no puede modificar las cuantías de las sanciones. Además, el texto no impone la obligatoriedad de que el registro horario sea digital ni interoperable, dos requisitos que sí estaban claramente definidos en la ley de reducción de jornada que no prosperó. La redacción actual utiliza términos genéricos y condicionales, dejando abierta la posibilidad de utilizar registros en papel. Por ejemplo, se menciona que el registro electrónico 'podría' ser requerido, y que el acceso electrónico interoperable 'podría' ser necesario 'en algunos casos'.
Esta ambigüedad se extiende a la regulación de las modificaciones en los registros, donde se indica que la representación legal de los trabajadores 'podría requerir' acceso electrónico. Aunque se establece la obligación de acceso inmediato y remoto para registros electrónicos, la posibilidad de registros no digitales persiste. El decreto también pospone a un desarrollo reglamentario posterior la definición de cómo los registros individuales estarán a disposición de los trabajadores y cómo la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social tendrán acceso a ellos, lo que podría incluir medios telemáticos. Ante esta situación, las centrales sindicales CCOO y UGT planean presentar alegaciones conjuntas para que se incluyan los puntos acordados inicialmente, como la desconexión digital y un fortalecimiento del papel de los representantes de los trabajadores en el control horario. Por otro lado, las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, se habían opuesto a la obligatoriedad del registro digital debido a los costos y la complejidad, y habían solicitado la eliminación de la interoperabilidad para proteger la seguridad de la información, alineándose con las preocupaciones expresadas por el Consejo Económico y Social (CES) sobre los riesgos de ciberataques y la protección de datos.
El contenido del proyecto de real decreto ha generado una sensación de insatisfacción entre los sindicatos, quienes lo perciben como vago e incompleto en comparación con lo estipulado en la versión original de la ley de reducción de jornada. Se espera que tanto CCOO como UGT presenten alegaciones conjuntas al texto en los próximos días. El secretario de Acción Sindical y Transiciones de CCOO, Javier Pacheco, ha expresado que su sindicato 'exigirá la literalidad del texto acordado en diálogo social' y solicitará la inclusión de aspectos relacionados con la desconexión digital. Por su parte, Fernando Luján, secretario general de Política Sindical de UGT, ha señalado que la propuesta sindical se basará en la incorporación de los compromisos adquiridos por el Gobierno, 'sin condicionales'.
