La presidenta de Redeia, la entidad que engloba a Red Eléctrica, ha comparecido ante el Senado para esclarecer el reciente corte masivo de suministro eléctrico. En su intervención, desestimó cualquier responsabilidad de su organización, argumentando que la composición del sistema energético es definida por el mercado, no por la operadora. Ha dirigido sus críticas hacia diversas partes del sector, señalando fallos en la actuación de generadores de energía renovable, plantas convencionales y compañías hidroeléctricas. Además, ha culpado a una instalación fotovoltaica específica en Badajoz por su supuesto comportamiento irregular, lo que, según ella, desencadenó una serie de eventos anómalos que llevaron al colapso del sistema.
Detalles de la Audiencia en el Senado: Implicaciones y Acusaciones Cruzadas
Durante la sesión en la Cámara Alta, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2025, Beatriz Corredor, la actual presidenta de Redeia y exministra, enfrentó a los senadores que investigan el gran apagón que afectó a España el 28 de abril de 2025. En su discurso, Corredor minimizó las advertencias previas sobre posibles riesgos en el suministro, previamente señaladas por técnicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y empresas del sector. En un tono desafiante, la presidenta insistió en que el papel de Red Eléctrica es meramente operativo y que las decisiones sobre el equilibrio energético recaen en las fuerzas del mercado. A pesar de reconocer a su empresa como la 'columna vertebral' del sistema, negó categóricamente cualquier injerencia gubernamental en sus decisiones. Corredor atribuyó el origen del incidente a lo que describió como una 'oscilación anómala' en una megaplanta fotovoltaica ubicada en Badajoz, presuntamente la planta Núñez de Balboa gestionada por Iberdrola. Afirmó que esta instalación operó de forma 'indebida' o incluso como un 'experimento'. La presidenta también cuestionó la actuación de otras centrales que, según ella, no respondieron adecuadamente ante la emergencia, y criticó a la CNMC por no supervisar correctamente los sistemas de control de tensión de las energías renovables. Finalmente, indicó que dos informes cruciales están pendientes: uno de Entso-e, que se espera para el 3 de octubre, y otro de la CNMC, que buscará identificar incumplimientos normativos por parte de los agentes del sector. El gobierno, por su parte, estimó el coste del apagón en unos 800 millones de euros, anticipando una compleja disputa legal para determinar las responsabilidades por la mayor crisis energética en la historia reciente del país.
Este evento en el Senado subraya la compleja interconexión entre la política, la regulación y la operación de infraestructuras críticas. La insistencia en la responsabilidad del mercado y la atribución de fallos a agentes externos plantea preguntas sobre la supervisión y la coordinación en el sector energético. La inminente publicación de los informes técnicos será fundamental para desenmascarar las verdaderas causas del apagón y determinar quién debe asumir la factura, proporcionando una lección valiosa sobre la resiliencia y la transparencia en sistemas tan vitales como el suministro eléctrico.
