El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha emitido una orden de embargo de bienes y búsqueda internacional contra Khadem Al-Qubaisi, exlíder del fondo soberano IPIC de Abu Dabi y anterior presidente de Cepsa. Este caso se centra en la transacción inmobiliaria de la Torre Foster en Madrid, donde se sospecha que Al-Qubaisi blanqueó 100 millones de euros sin cumplir con sus obligaciones fiscales. El magistrado ha instado además a la Fiscalía a iniciar un proceso de decomiso autónomo para asegurar que el Estado español recupere los activos bloqueados vinculados al empresario, incluyendo propiedades en Marbella, Estepona y Madrid.
La investigación revela cómo Al-Qubaisi adquirió la emblemática torre a Bankia y rápidamente la revendió al holding Pontegadea, propiedad de Amancio Ortega. Aunque el juez no cuestiona la legalidad de las entidades financieras involucradas ni de Ortega, sí destaca indicios suficientes de actividad ilegal por parte de Al-Qubaisi. Según el fallo judicial, el beneficio obtenido de esta operación ascendió a 100 millones de euros, que fueron manipulados mediante estructuras societarias complejas diseñadas para ocultar su origen ilícito.
El informe judicial detalla cómo estas prácticas opacas utilizaron ingeniería financiera sofisticada para desvincular los fondos de su fuente inicial. Testimonios clave durante la investigación incluyen a altos ejecutivos de Bankia y Bankinter, así como colaboradores cercanos a Ortega. La red de empresas utilizadas por Al-Qubaisi funcionaba exclusivamente como instrumento para colocar capitales, alejándolos de cualquier conexión con actividades delictivas.
El juez subraya la importancia del mecanismo de decomiso autónomo, establecido en la Directiva 2014/42/UE, que permite confiscar bienes derivados de actos criminales incluso cuando el responsable no pueda ser procesado directamente. En este caso, los activos pertenecen nominalmente a estructuras fiduciarias gestionadas por el banco Edmond Rothschild, pero el verdadero beneficiario es Al-Qubaisi, sobre quien pesan graves acusaciones de fraude internacional, lavado de dinero y evasión fiscal.
Este dictamen marca un hito en la lucha contra el crimen económico transnacional, destacando cómo las autoridades judiciales pueden actuar efectivamente aunque los principales implicados intenten esconderse tras complejas redes corporativas. La acción judicial busca no solo recuperar los fondos malversados sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias y financieras internacionales.
