El Ministerio de Hacienda enfrenta un desafío crucial en las próximas semanas al tener que aprobar la orden ministerial clave que marcará el inicio oficial de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Este paso es fundamental, ya que su aprobación cerrará definitivamente la posibilidad de establecer nuevas cuentas para este año y abrirá una ventana crítica para evitar retrasos consecutivos en la gestión económica del país. Tras dos años operando bajo presupuestos prorrogados, la presión política y financiera sobre el gobierno se intensifica, subrayando la necesidad de alcanzar acuerdos parlamentarios sólidos.
Conforme al calendario presupuestario, entre mayo y junio, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, debe emitir la orden de elaboración de los PGE. Esta decisión no requiere pasar por el Consejo de Ministros y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado. Su relevancia radica en que esta orden actúa como un plan de trabajo inicial que define los criterios y plazos que deben cumplir los distintos ministerios al presentar sus propuestas económicas. Paralelamente, el Consejo de la Unión Europea emitirá recomendaciones específicas relativas al Programa de Estabilidad, cuyas orientaciones serán cruciales para moldear las cuentas públicas.
Un hito posterior será la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como "techo de gasto". Estos objetivos fueron aprobados en julio del año pasado pero fracasaron en el Congreso debido a la falta de apoyo político. Este proceso marca el inicio de negociaciones internas entre Hacienda y otros ministerios, donde se evaluarán las solicitudes de aumento de presupuesto hasta lograr un borrador viable.
En un escenario ideal, con todos estos elementos consolidados para julio, podrían convocarse las Comisiones de Análisis de Programas para dar forma al proyecto antes de septiembre. Esto permitiría al gobierno remitir el proyecto a las Cortes antes del 1 de octubre, dejando espacio para negociaciones políticas durante el último trimestre del año. Sin embargo, la debilidad parlamentaria del gobierno complica este panorama, dado que depende de partidos tan diversos como Junts, Bildu, el PNV o Sumar.
El éxito en este proceso determinará no solo la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente los recursos públicos, sino también su legitimidad ante una sociedad que exige soluciones claras frente a retos económicos crecientes. Con una estrategia adecuada, podría revertirse la tendencia de retrasos presupuestarios y asegurarse la entrada en vigor de las cuentas el próximo 1 de enero.
