El gobierno de Portugal ha desvelado un nuevo paquete de iniciativas fiscales destinadas a frenar el vertiginoso aumento del coste de la vivienda y hacerla más accesible para sus ciudadanos, en particular para la clase media. Este movimiento estratégico responde a la preocupante estadística de Eurostat, que sitúa a Portugal como el país de la Unión Europea con el mayor incremento en los precios de la vivienda durante el primer trimestre del año, con un alarmante 16,3%. España también se ve afectada por esta tendencia, ocupando el cuarto lugar con un aumento del 12,3%, superando en más del doble la media europea del 5,7%. Las medidas propuestas abarcan desde deducciones para inquilinos hasta reducciones impositivas para propietarios, junto con la simplificación de trámites para nuevas construcciones, todo con el fin de estabilizar el mercado y garantizar viviendas a precios razonables.
El primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció durante un debate parlamentario que el gobierno implementará una serie de «medidas significativas y amplias» en el ámbito de la vivienda. El objetivo principal es claro: fomentar la disponibilidad de viviendas a precios asequibles para todos los portugueses, con un enfoque particular en las necesidades de la clase media. Estas acciones incluyen un aumento progresivo de la deducción fiscal por gastos de alquiler para aquellos con rentas moderadas, que pasará de 900 euros en 2026 a 1.000 euros en 2027.
Para los propietarios, las nuevas disposiciones son igualmente atractivas. Se contempla una reducción sustancial de la tasa impositiva sobre los contratos de arrendamiento, que disminuirá del 25% al 10%. Además, se eliminará el impuesto sobre las ganancias obtenidas por la venta de propiedades, siempre y cuando estas se reinviertan en bienes inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles. Esta estrategia busca incentivar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler regulado y desalentar la especulación inmobiliaria.
Adicionalmente, el Consejo de Ministros tiene previsto simplificar los procesos de obtención de licencias para proyectos de urbanización y edificación. Esta medida está diseñada para agilizar los plazos de construcción, permitiendo una expansión más rápida del parque de viviendas y respondiendo de manera más eficiente a la demanda habitacional.
El primer ministro Montenegro enfatizó que estas nuevas propuestas complementan otras acciones ya emprendidas por su administración, como el acuerdo de financiación de 1.340 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y renovación de 12.000 viviendas de alquiler asequible. Estas iniciativas se enmarcan dentro de una política más amplia que incluye la reducción de impuestos laborales, el aumento del salario mínimo y la introducción de complementos para las pensiones, reafirmando el compromiso del gobierno con el bienestar económico de sus ciudadanos.
En su conjunto, estas reformas representan un esfuerzo concertado del gobierno portugués para abordar una de las problemáticas económicas y sociales más apremiantes del país. Al combinar incentivos fiscales para inquilinos y propietarios con la optimización de los procesos de construcción y la inversión en vivienda pública, Portugal busca construir un mercado inmobiliario más equitativo y sostenible, donde el acceso a una vivienda digna no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para la mayoría de la población.
