Los partidos políticos PSOE y Sumar han llegado a un consenso para suavizar la reforma legislativa impulsada por Junts en relación con la Ley de Atención al Cliente, basándose en enmiendas propuestas por Bildu. Este acuerdo será sometido a votación el 29 de octubre en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Después de tres encuentros con todos los grupos parlamentarios, en los que Junts no participó, ambas formaciones acordaron ajustar la obligación para las empresas de gran tamaño, es decir, aquellas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que operen en sectores específicos, de atender a sus clientes en las diversas lenguas cooficiales del país. Según las enmiendas transaccionales aprobadas, esta medida se aplicará únicamente en las comunidades autónomas bilingües y no en todo el territorio nacional, como inicialmente pretendían los independentistas en septiembre pasado.
Específicamente, las dos enmiendas transaccionales, a las que EL MUNDO ha tenido acceso, establecen que la atención al consumidor en regiones con múltiples lenguas oficiales se realizará en el idioma oficial solicitado, siempre y cuando la empresa preste servicios en dichas comunidades y la lengua elegida sea oficial en la región. La segunda enmienda busca asegurar que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias presentadas a empresas que operan en comunidades autónomas con una lengua oficial distinta al castellano se puedan formular tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas oficiales, siempre y cuando el servicio de atención al cliente se ofrezca en áreas con lenguas cooficiales. Estas modificaciones clarifican la medida que Junts había negociado con el Gobierno en septiembre, la cual había generado una gran controversia entre los empresarios de regiones sin lenguas cooficiales, quienes criticaban los costos y la complejidad adicional que implicaría la propuesta original.
De esta manera, el PSOE valida parcialmente el acuerdo de Junts per Catalunya con el Gobierno, garantizando el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas, tal como se había pactado, pero únicamente cuando esta interacción se produzca dentro de Cataluña. Esta decisión también reafirma la postura del Gobierno frente a las demandas iniciales de Junts, especialmente después de que, en septiembre pasado, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (Sumar), aclarara que la intención del Gobierno era garantizar el uso de las lenguas cooficiales “allí donde son reconocidas como tales”, estableciendo así un límite geográfico y contextual a la aplicación de la norma.
