La salida de Denisse Miralles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) marca un nuevo capítulo en la gestión económica peruana. Paralelamente, el gobierno avanza con cambios fiscales importantes como la reducción del IGV, buscando aliviar la carga tributaria y estimular el consumo interno.
El nombramiento temporal de Erick Lahura Serrano para asumir las funciones de viceministra de Economía refleja el compromiso del gobierno por mantener la continuidad institucional durante este período de transición. Estos movimientos ocurren mientras se implementan reformas clave que prometen redefinir la estructura fiscal del país.
Nuevos Rostros en el Viceministerio de Economía
Con la renuncia oficial de Denisse Miralles, destacada economista con una sólida trayectoria en ProInversión Perú, el gobierno enfrenta un momento crucial en su equipo ministerial. Su partida deja vacante el cargo de viceministra de Economía, cuya responsabilidad ha sido delegada temporalmente a Erick Lahura Serrano, actual viceministro de Hacienda.
Denisse Miralles había sido nombrada apenas tres meses antes por José Salardi, quien también dejó su posición recientemente. Su experiencia previa incluyó liderar proyectos de inversión pública-privada, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de capacidades institucionales. Ahora, bajo la dirección temporal de Lahura, el MEF busca asegurar la estabilidad operativa mientras se selecciona un nuevo titular para el cargo.
El cambio en el liderazgo del MEF no solo implica una transición personal, sino también una reevaluación de las políticas económicas vigentes. Con la incorporación de Lahura al rol dual de viceministros, se espera que el gobierno mantenga el rumbo en temas fundamentales como la administración presupuestaria y la coordinación con otros sectores gubernamentales. Este ajuste demuestra la capacidad del Estado para adaptarse rápidamente ante situaciones imprevistas, garantizando así la continuidad en la toma de decisiones estratégicas.
Transformaciones Fiscales y su Impacto Económico
En paralelo a los cambios internos en el MEF, el Congreso ha aprobado modificaciones significativas en la legislación fiscal, particularmente en lo relacionado con el Impuesto General a las Ventas (IGV). La reducción del IGV del 16% al 14%, programada para entrar en vigor en 2026, es vista como un paso hacia adelante en la búsqueda de equilibrio entre ingresos públicos y bienestar ciudadano.
Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia destinada a mejorar la distribución de recursos entre gobiernos subnacionales mediante el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Aunque la propuesta cuenta con apoyo tanto dentro como fuera del gobierno, también plantea preocupaciones sobre posibles disminuciones en los ingresos fiscales disponibles para financiar proyectos prioritarios.
Desde una perspectiva positiva, la reducción del IGV podría incentivar un mayor dinamismo en el mercado interno, facilitando el acceso de productos y servicios a un público más amplio. Sin embargo, expertos advierten que dicha medida debe ser complementada con estrategias claras para compensar cualquier pérdida de ingresos. En este contexto, el encargo temporal de Lahura adquiere especial relevancia, ya que deberá supervisar cómo estas transformaciones fiscales se integran dentro del marco general de políticas económicas nacionales.
