El gobierno español está desarrollando una reforma integral destinada a reorganizar miles de puestos de empleados públicos mediante un sistema basado en áreas funcionales. Este proyecto, que comenzará con un piloto este año centrado en la atención ciudadana, busca profesionalizar las condiciones laborales y ajustarlas a criterios similares a los del sector privado. Aunque el Ministerio de Función Pública ha definido ya el esquema que regulará las Ofertas de Empleo Público (OEP) en la Administración General del Estado (AGE), los sindicatos han expresado preocupaciones sobre cómo esta nueva estrategia podría impactar las condiciones actuales de trabajo.
En mayo pasado, el Ministerio presentó dos temas clave relacionados con la OEP de 2025 durante una reunión con representantes sindicales. Reconoció el déficit estructural persistente en la AGE, que perdió más de 20.000 empleos en una década, pero evitó confirmar plazos para eliminar la tasa de reposición. Esta medida limita actualmente la cobertura de vacantes según bajas anteriores. En cambio, se propone implementar un mecanismo enfocado en la captación de talento, adaptándose a las necesidades presupuestarias europeas.
El núcleo de la reforma gira en torno a un nuevo catálogo de áreas funcionales, diseñado sin previa consulta a los sindicatos. Este esquema clasifica a los empleados por funciones específicas, como acción gubernamental, políticas públicas o seguridad nacional, en lugar de organizarlos por organismos. Según el Ministerio, esto permitirá detectar necesidades de recursos humanos y mejorar la adecuación de pruebas selectivas a las funciones requeridas. Sin embargo, algunos sindicatos, como CSIF, advierten que esta organización podría facilitar traslados forzosos entre ministerios o limitar la movilidad voluntaria dentro de ciertas áreas.
La discusión también incluye un sistema de evaluación del desempeño vinculado a méritos y resultados, inspirado en prácticas empresariales. Esto busca optimizar los recursos humanos dentro de la capacidad de autoorganización de la administración pública. Sin embargo, existe tensión porque cualquier reforma que afecte las condiciones laborales debe negociarse legalmente con los sindicatos.
Con la intención de avanzar hacia un modelo más eficiente, el gobierno planea lanzar un proyecto piloto en el ámbito de la atención ciudadana como parte de la elaboración de la OEP de 2025. Este paso inicial pretende sentar las bases para futuros diseños de ofertas laborales basadas en el mencionado catálogo funcional. Aunque promete mayor flexibilidad y profesionalización, aún quedan dudas sobre su impacto real en las garantías laborales de los empleados públicos.
