El gobierno español ha enfrentado un desafío constante en su intento por demostrar a las autoridades europeas que el sistema de pensiones es sostenible. A través de una serie de medidas y ajustes contables, ha buscado cumplir con los estándares exigidos por Bruselas. Sin embargo, expertos señalan que estas estrategias no abordan el problema fundamental: la fórmula utilizada para evaluar el gasto no refleja adecuadamente la viabilidad financiera del sistema. Este informe explora cómo las maniobras recientes han generado tanto críticas como preocupaciones sobre la verdadera solidez del modelo actual.
Desde marzo de 2023, cuando José Luis Escrivá pactó la cláusula de cierre con Bruselas, el gobierno ha estado bajo escrutinio continuo. En ese entonces, se vinculó la revalorización de las pensiones al IPC, lo que generó necesidades adicionales para controlar el gasto. La primera evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluyó que no era necesario activar ajustes mayores, pero destacó serias limitaciones metodológicas. Una de ellas fue el uso de transferencias estatales como ingresos, un movimiento calificado por muchos analistas como "maquillaje contable".
Recientemente, el Ministerio de Seguridad Social anunció un cambio significativo: dejar de considerar estas transferencias como parte de los ingresos del sistema. Según ellos, esta decisión responde a una recomendación de la AIReF y busca aumentar la transparencia. No obstante, algunos economistas sostienen que incluso con este ajuste, el sistema seguirá mostrando signos de déficit estructural. Por ejemplo, Miguel Ángel García, investigador de Fedea, argumenta que aunque se pase el examen por una mínima diferencia, esto no garantiza la sostenibilidad real del sistema.
Otro aspecto controversial es la regla de gasto en pensiones, criticada por figuras como Enrique Devesa, quien asegura que no es eficiente para medir la viabilidad financiera. Además, existen dudas sobre cómo cuantificar ciertas reformas laborales como ingresos potenciales del sistema. Esto complica aún más la tarea de la AIReF, que debe presentar un nuevo informe para 2026. Mientras tanto, Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, ha evitado participar activamente en el debate, dejando la responsabilidad en manos de la AIReF.
Finalmente, las autoridades comunitarias han emitido recomendaciones específicas al gobierno español, lo que ha impulsado la redacción de un nuevo decreto. Este documento pretende fortalecer la confianza pública en el sistema, aunque los expertos advierten que todavía queda mucho por hacer. Si bien los cambios introducidos pueden mejorar la percepción externa, el núcleo del problema —una fórmula inadecuada para medir la sostenibilidad— sigue sin resolver. Para avanzar, será crucial implementar soluciones más profundas que vayan más allá de simples ajustes técnicos.
