El panorama del sistema de salud colombiano muestra signos preocupantes, especialmente con respecto al estado financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Hasta marzo de 2025, un total de 23 entidades han declarado un patrimonio negativo acumulado de $10,2 billones. Este deterioro financiero refleja no solo la incapacidad para cumplir con obligaciones operativas y financieras, sino también el riesgo que enfrenta la sostenibilidad del sector en su conjunto. Este escenario ha generado alertas sobre la capacidad de respuesta de las EPS hacia prestadores, empleados y afiliados.
El análisis realizado por Así Vamos en Salud destaca cómo este problema se ha agravado considerablemente. En comparación con el primer trimestre de 2024, cuando el patrimonio negativo total era de $2,3 billones, el incremento alcanzado en 2025 representa un crecimiento del 335%. De estas 23 EPS, 12 presentan cifras negativas acumuladas por $11,1 billones, mientras que las restantes once apenas logran compensar con un patrimonio positivo de $897.000 millones.
Entre las entidades más afectadas destacan Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, Savia Salud y Sanitas. Cada una de ellas registra variaciones alarmantes en sus estados financieros. Por ejemplo, Famisanar experimentó un empeoramiento del 56% en su situación patrimonial, pasando de $1,5 billones en pérdidas en 2024 a $2,3 billones en 2025. Similarmente, Savia Salud mostró un deterioro del 61%, mientras que Sanitas sufrió un cambio drástico al pasar de un patrimonio positivo de $21.000 millones en 2024 a un negativo de $1,1 billones en 2025.
Este contexto pone de manifiesto cómo las dificultades económicas están afectando profundamente a las principales EPS del país. Las implicaciones van más allá del ámbito financiero, ya que comprometen directamente la calidad y continuidad de los servicios médicos ofrecidos a la población.
La situación actual plantea desafíos urgentes para las autoridades sanitarias y financieras. El impacto del déficit patrimonial en las EPS amenaza no solo su viabilidad económica, sino también su capacidad para garantizar atención médica oportuna y eficiente a los ciudadanos. Es necesario adoptar medidas correctivas inmediatas para estabilizar el sector y asegurar su funcionamiento a largo plazo, preservando así el acceso equitativo y la calidad de la atención en salud pública y privada.
