Sumar ha lanzado una iniciativa audaz para reestructurar el sector inmobiliario en España, presentando un plan exhaustivo de reforma de la vivienda. Esta propuesta, que busca ser implementada a través de un real decreto ley, desafía directamente al PSOE, partido que actualmente ostenta la cartera ministerial de vivienda, a adoptar estas medidas urgentes. Los pilares de este plan son la paralización de los contratos de alquiler para resguardar a los arrendatarios, la supervisión de los arrendamientos temporales y las viviendas destinadas al turismo, y la introducción de cambios tributarios y legales para contener la especulación.
El documento, gestado bajo la dirección del Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y respaldado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretende ser una solución integral, no un mero 'parche'. Díaz lo equipara en relevancia a la reforma laboral que promovió en su anterior mandato, subrayando que su propósito es desmantelar la estructura de desigualdad generada por los elevados precios de la vivienda. Las acciones propuestas buscan una aplicación inmediata para asegurar el derecho a la vivienda, fortalecer la seguridad jurídica de los inquilinos y estabilizar los costos en el mercado, complementándose con una futura legislación sobre contratos de temporada.
Entre las medidas más destacadas, se incluye la suspensión de los contratos de alquiler existentes, con extensiones de hasta tres años, y hasta diez años en zonas declaradas tensionadas. Los contratos estacionales deberán superar los 30 días para evitar ser clasificados como turísticos, y se extenderán los derechos de los arrendatarios habituales a quienes alquilan habitaciones. En el ámbito fiscal, se propone una revisión del Impuesto Temporal de Solidaridad para grandes fortunas inmobiliarias y la eliminación de bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para alquileres que no sean de precio asequible. Además, se intensificará la regulación de los alquileres turísticos, considerándose como tales a los contratos de menos de 30 días y aplicando un IVA del 21%.
La visión de Sumar es clara: el problema de la vivienda no reside en las generaciones jóvenes ni en la falta de ahorro, sino en la acción de fondos de inversión, grandes propietarios y empresas sin ética que han creado una clase rentista. Esta situación, según Bustinduy, no añade valor a la economía, sino que amenaza la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos, extrayendo una parte significativa de los ingresos familiares. El plan de Sumar aspira a ser la hoja de ruta para que el gobierno responda a este clamor social, restaurando el derecho fundamental a una vivienda digna y justa.
