La Eficiencia Procesal Prevalece: El TJUE Respalda el Modelo Gallego de Tramitación Eólica
El Veredicto del Tribunal Europeo: Claridad en la Evaluación Eólica
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un dictamen que favorece a la Xunta de Galicia en el ámbito de la tramitación de proyectos de energía eólica. Según la decisión, los Estados miembros de la Unión no están obligados a establecer un período adicional para observaciones públicas después de la emisión de los informes sectoriales. Este pronunciamiento es crucial para la gestión de futuros proyectos, ya que simplifica el proceso de aprobación.
Consulta Prejudicial y el Alcance de los Informes Sectoriales
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había presentado una serie de preguntas al TJUE. El objetivo era determinar si la Xunta debía facilitar el acceso público a los informes sectoriales sobre parques eólicos, permitiendo así que el público presentara alegaciones y participara en la fase de toma de decisiones antes de la aprobación definitiva de los proyectos. Estos informes abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo aspectos forestales, hídricos, de patrimonio natural y cultural, turísticos, sanitarios, energéticos y de seguridad aérea.
Interpretación de la Directiva Ambiental Europea
La sentencia del TJUE establece que la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental de proyectos públicos y privados no impide que la normativa de un Estado miembro consulte a las autoridades afectadas por un proyecto (debido a sus responsabilidades ambientales o competencias locales/regionales) al mismo tiempo que al público interesado. Sin embargo, la directiva no exige que el público tenga la facultad de presentar observaciones y comentarios sobre los dictámenes emitidos por estas autoridades consultadas.
La Participación Pública y sus Límites en el Proceso
El Tribunal de Justicia subraya que la participación ciudadana debe ser efectiva y producirse en una etapa temprana del procedimiento, antes de que se tome cualquier decisión sobre el proyecto, cuando todas las opciones aún están abiertas. No obstante, la normativa europea no impone que la consulta al público deba ser posterior a la de las autoridades, ni que el público deba tener la oportunidad de formular observaciones sobre los informes emitidos por estas últimas.
El Caso de 'Petón do Lobo' y su Recurso Administrativo
En diciembre de 2017, Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. solicitó a la Xunta las autorizaciones para el parque eólico A Raña III en Mazaricos, La Coruña, presentando una evaluación de impacto ambiental. El proceso incluyó una fase de información pública de 30 días, donde se recibieron diversas observaciones. Paralelamente, se obtuvieron informes sectoriales de organismos competentes. En 2022, la Dirección Xeral de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático emitió la declaración de impacto ambiental, y posteriormente se concedieron las autorizaciones. La asociación ecologista Petón do Lobo interpuso un recurso, argumentando la ausencia de un nuevo trámite de audiencia pública tras los informes sectoriales, lo que, según ellos, vulneraba la directiva ambiental. Sin embargo, esta alegación ha sido desestimada por el TJUE en su reciente fallo.
