Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña, ha enfatizado la importancia de la celeridad administrativa para el sector promotor en España, al tiempo que ha señalado la ineficacia de las instituciones públicas como un obstáculo principal. A pesar de reconocer los aspectos positivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ha insistido en que la lentitud en la preparación de terrenos es un factor crucial que contribuye al creciente desequilibrio entre oferta y demanda de viviendas. En este contexto, aboga por un acuerdo político que trascienda los colores partidistas y por un aumento significativo de la financiación estatal para el desarrollo de vivienda pública, buscando equiparar a España con otros países europeos en esta materia y garantizar la estabilidad jurídica necesaria para las inversiones a largo plazo en el sector.
Vilajoana asume que el problema de la vivienda debe abordarse desde una perspectiva de infraestructura social, despolitizando el debate para encontrar soluciones duraderas. Critica la falta de inversión en vivienda pública, que contrasta notablemente con los niveles de otros países, y resalta la necesidad de incentivos fiscales y subvenciones para el sector privado. Asimismo, el experto destaca que la inestabilidad legislativa, con numerosos cambios en normativas inmobiliarias, desincentiva modelos de inversión a largo plazo como el 'Build to Rent', creando un panorama incierto que agrava el déficit de vivienda y dificulta su recuperación efectiva.
La Necesidad de Eficiencia Administrativa en el Sector Inmobiliario
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana, ha asumido su cargo con el firme propósito de encontrar soluciones concretas para mejorar el acceso a la vivienda, un desafío que enfrenta el sector en la actualidad. Desde su perspectiva, uno de los mayores impedimentos es la falta de agilidad en los trámites administrativos, un rasgo que, según él, no caracteriza a las instituciones públicas españolas. Esta ineficiencia se convierte en un cuello de botella, retrasando significativamente los proyectos y exacerbando la escasez de viviendas disponibles en el mercado. Vilajoana subraya que, aunque la administración central ha reconocido la necesidad de acelerar los procesos, la complejidad de coordinar las tres capas administrativas —central, autonómica y local— dificulta aún más la consecución de una gestión más dinámica y efectiva.
Vilajoana ha sido contundente al afirmar que el sector promotor, debido a su naturaleza transversal, requiere una celeridad considerable en la gestión administrativa. A pesar de que la administración central ha mostrado cierta disposición a agilizar los plazos, el desafío se magnifica al depender de la cooperación y eficiencia de las autoridades autonómicas y locales. Este entramado burocrático provoca un estancamiento en la habilitación de terrenos, lo que a su vez frena la construcción de nuevas unidades habitacionales y contribuye al persistente déficit. La lentitud en estos procesos puede prolongarse durante años, superando incluso el ciclo político y dificultando la recuperación del mercado. La falta de coordinación y la consiguiente inacción administrativa se traducen directamente en una oferta insuficiente de vivienda, impactando negativamente en la capacidad de respuesta del sector a las necesidades de la población.
El Plan Estatal de Vivienda y la Urgencia de Consenso Político
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es visto por Xavier Vilajoana como una potencial oportunidad para el sector, aunque insiste en que su éxito dependerá en gran medida de un consenso político que trascienda las diferencias partidistas. Critica que la vivienda, a menudo, sea utilizada como herramienta política en lugar de ser abordada como una infraestructura social fundamental. Esta politización obstaculiza la implementación de políticas consistentes y a largo plazo, necesarias en un sector con tiempos de maduración de entre tres y cuatro años. Para Vilajoana, la falta de una visión unificada a nivel nacional, especialmente entre las comunidades autónomas con diferentes inclinaciones políticas, impide una solución efectiva y duradera al problema habitacional, a pesar de los esfuerzos del plan por incentivar la inversión privada.
Vilajoana enfatiza la necesidad de un acuerdo país en materia de vivienda, similar al que podría existir en áreas como la educación o la sanidad. Destaca que la inversión en vivienda pública en España es considerablemente menor en comparación con otros países europeos, apenas alcanzando el 1.5% o 2% del PIB, lo que la sitúa a la cola del continente. Por ello, aboga por un aumento significativo en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas para impulsar el desarrollo de vivienda pública. Además, el presidente de APCEspaña señala que la inestabilidad legislativa, con constantes cambios que afectan al sector inmobiliario, genera inseguridad jurídica y desincentiva las inversiones a largo plazo, como el modelo 'Build to Rent', que es crucial para ampliar la oferta de alquiler. Propone un análisis exhaustivo del plan y un consenso mayoritario para evitar futuras modificaciones que comprometan la viabilidad de los proyectos y agraven el déficit de vivienda.
