En los últimos años, a pesar de los datos macroeconómicos positivos y el notable crecimiento de los ingresos y el empleo, muchos hogares experimentan una desconexión entre estas mejoras y su bienestar personal. Esta divergencia se atribuye en gran medida a la inflación, pero también a otros factores cruciales. Entre ellos, destaca la disparidad en el crecimiento de los ingresos entre diferentes grupos de edad y el peso cada vez mayor de los gastos relacionados con la vivienda. Estos costos, que incluyen tanto alquiler como otros gastos asociados, han consumido una porción significativa del incremento en los ingresos, impactando de manera más severa a la población menor de 64 años y, particularmente, a aquellos con menores recursos económicos.
Para comprender la magnitud de estas tendencias, se ha realizado un análisis detallado utilizando microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida. La población fue segmentada en dos grandes grupos: menores y mayores de 64 años, subdivididos a su vez en cien percentiles según su ingreso equivalente. Los resultados revelaron que el crecimiento de los ingresos para los menores de 64 años entre 2018 y 2023 fue progresivo, con incrementos superiores al 35% en los percentiles más bajos, disminuyendo al 20% en los más altos. No obstante, este crecimiento fue generalmente inferior al experimentado por los mayores de 64 años, quienes mostraron un aumento acumulado significativamente mayor en la mayor parte de la distribución de ingresos.
Un aspecto relevante es que una parte considerable del crecimiento en los ingresos más bajos entre los menores de 64 años se explica por el aumento de las prestaciones asistenciales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas diferencias son significativas: la mayoría de las personas en edad de jubilación vieron sus ingresos aumentar entre un 30% y un 35% desde 2018, mientras que solo un tercio de la población menor de 64 años alcanzó esos niveles. Considerando que la inflación acumulada del período fue de aproximadamente el 18%, un porcentaje considerable de la población en edad de trabajar se encuentra cerca o incluso por debajo del umbral del crecimiento de los precios.
Además de la inflación general, el aumento del costo de vida no siempre refleja ciertos pagos importantes que realizan muchos hogares, especialmente los relacionados con préstamos hipotecarios, fuertemente afectados por el incremento de los tipos de interés tras la pandemia. En 2023, entre los menores de 64 años, solo un tercio poseía vivienda en propiedad sin hipoteca, otro tercio tenía propiedad con hipoteca y el tercio restante se dividía entre alquiler (25%) y cesión gratuita (6%). Estos porcentajes varían según el nivel de ingresos, con el alquiler predominando en los estratos más bajos, y difieren radicalmente de la población mayor de 65 años, donde la propiedad sin hipoteca es la norma.
Analizando la evolución del porcentaje de la población que realiza pagos por vivienda (propiedad con hipoteca y alquiler) entre 2018 y 2023, se observa un crecimiento generalizado en toda la distribución de ingresos. Específicamente, entre los menores de 64 años con bajos ingresos (deciles 1 a 5), un 4% de la población pasó de vivir en propiedad sin hipoteca o cesión gratuita a estar en alquiler o propiedad con hipoteca, mientras que en los estratos de ingresos más altos, este aumento fue solo del 2%. Esta transición progresiva hacia el alquiler y la propiedad con hipoteca, sumada al encarecimiento de los precios de la vivienda y los alquileres, ha absorbido entre el 15% y el 30% del crecimiento de los ingresos entre 2018 y 2023, con un impacto más pronunciado en los hogares de menor capacidad económica.
En síntesis, la brecha entre la prosperidad económica general y el bienestar de los hogares en los últimos años se debe, al menos en parte, a la desigualdad en el crecimiento de los ingresos por grupos de edad y al impacto desproporcionado del aumento de los precios de la vivienda. Para lograr un desarrollo económico verdaderamente inclusivo, es fundamental que las políticas presupuestarias reflejen adecuadamente los intereses de los colectivos más afectados por estas tendencias, destinando, por ejemplo, mayores recursos a programas de vivienda.
