El clima entre el Gobierno y los funcionarios públicos se ha vuelto tenso, a raíz de una reciente propuesta de empleo que ha sido ampliamente criticada por considerarse inadecuada para abordar las necesidades urgentes de la administración. La insatisfacción no solo radica en la escasez de nuevas plazas, sino también en las prolongadas demoras en la aplicación de los incrementos salariales ya acordados y la paralización de una reforma administrativa crucial. Esta situación ha generado un descontento palpable entre los empleados públicos, quienes no descartan retomar las movilizaciones para hacer oír sus demandas.
La reciente Oferta Pública de Empleo (OPE), que contempla 36,588 plazas, no ha logrado el consenso de las organizaciones sindicales. Aunque es un número considerable, representa una reducción del 9% respecto al año anterior, con una disminución significativa de 4,500 puestos en la Administración General. Contrariamente, las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, verán un incremento en sus efectivos. Esta disparidad ha sido señalada por sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que argumentan que la oferta es insuficiente para compensar las más de 42,000 bajas acumuladas en las últimas dos décadas.
Además de la insuficiencia de plazas, el retraso en la implementación del aumento salarial del 0.5% correspondiente a 2024 ha exacerbado la frustración de los funcionarios. Aunque el proceso para su aprobación se inició recientemente en el Consejo de Ministros, la dilación ha erosionado la confianza de los sindicatos, llevando a una falta de apoyo a la actual OPE, a diferencia de convocatorias anteriores donde el Gobierno había logrado al menos el respaldo de UGT. La inacción en reformas prometidas también contribuye al descontento general.
Un aspecto relevante de esta nueva oferta es la asignación de casi 9,000 plazas para reforzar los servicios de atención ciudadana, incluyendo oficinas de DNI, Seguridad Social, Extranjería y Justicia. Estos departamentos han experimentado una presión considerable, incluso con movilizaciones recientes de su personal. A pesar de estas medidas, la tensión persiste, y CSIF ha advertido sobre posibles movilizaciones en septiembre si no se abordan las demandas salariales, que de facto permanecen congeladas ante el aumento de precios.
Las quejas sindicales también giran en torno al envejecimiento del personal en la administración pública. Con un 27.1% de los funcionarios de la Administración Central con 55 años o más en 2023, y un estimado del 20% en edad de jubilación, existe una necesidad urgente de renovación generacional. Para abordar esto, los sindicatos han insistido en la eliminación de la 'tasa de reposición', una normativa que limita la creación de empleo público en función de las bajas. Aunque el anterior ministro prometió su eliminación, la falta de presupuestos y el cambio ministerial han dejado esta medida en el limbo.
La persistencia de la 'tasa de reposición' contribuye a la alta temporalidad en la Administración Pública, que alcanza aproximadamente el 30%. Esta situación ha sido objeto de escrutinio por parte de la Comisión Europea y ha resultado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Gobierno, además del bloqueo de 626 millones de euros en fondos europeos debido al incumplimiento de los compromisos de estabilizar a más de 300,000 interinos antes de 2025.
La tan esperada macro-reforma de la administración, que busca agilizar y modernizar los métodos de acceso al empleo público y reducir la temporalidad, ha sido un tema recurrente. Si bien el actual ministro ha reiterado su compromiso con este proyecto, su avance se ve obstaculizado por la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Cualquier intento de reforma podría implicar negociaciones que otorguen mayores competencias a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña, lo que a su vez podría generar nuevas tensiones territoriales, como ya se vislumbra con una tasa adicional para reforzar la Justicia del País Vasco.
En resumen, la actual situación de los funcionarios con el Gobierno se caracteriza por una profunda frustración. La insuficiencia de la oferta de empleo público, las demoras en la implementación de las mejoras salariales y la lentitud en la reforma administrativa son factores clave. La falta de capacidad para rejuvenecer la plantilla, la persistencia de la temporalidad y las dificultades parlamentarias para avanzar en cambios estructurales han llevado a un escenario de descontento que podría derivar en acciones de protesta por parte de los sindicatos.
