El Gobierno español ha impuesto condiciones más estrictas para la fusión propuesta entre BBVA y Banco Sabadell, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de ambas entidades. Según el anuncio del Consejo de Ministros, las dos bancos deberán mantenerse jurídica y patrimonialmente independientes durante un mínimo de tres años, prorrogables hasta cinco, y no podrán tomar medidas como cierres de oficinas ni despidos relacionados con la operación en ese periodo. Esta medida podría afectar los cálculos iniciales de sinergias presentados por BBVA cuando lanzó su oferta en mayo de 2024. Ante esto, Banco Sabadell considera necesario recibir información actualizada sobre el impacto real de estas restricciones antes de proseguir. Por su parte, Carlos Torres, presidente de BBVA, advirtió que el banco tiene derecho a retirar la oferta si las condiciones gubernamentales son demasiado onerosas o incluso recurrirlas ante los tribunales.
La decisión del Ejecutivo introduce una nueva dinámica en la posible integración de ambos bancos. Al obligarles a mantenerse como entidades separadas durante varios años, se limita la capacidad de BBVA para ejecutar su estrategia original de fusión, que preveía ajustes operativos y optimización de recursos. Esto plantea dudas sobre la viabilidad económica de la operación tal y como fue inicialmente concebida, especialmente en términos de eficiencia y rentabilidad futura. La imposibilidad de realizar reestructuraciones laborales o cambios en la red de sucursales reduce significativamente las ventajas previstas, exigiendo una revisión profunda de los cálculos de valor añadido para los accionistas.
Banco Sabadell, consciente de este cambio regulatorio, ha señalado que cualquier decisión final por parte de sus inversionistas requerirá una evaluación detallada de cómo estos nuevos requisitos alteran el panorama financiero inicial. En este contexto, la entidad catalana pide a BBVA que facilite una nueva proyección que tenga en cuenta las nuevas condiciones impuestas por el Estado. Este planteamiento refleja la incertidumbre generada tanto dentro del mercado financiero como entre los responsables de ambas instituciones, quienes ahora deben reconsiderar sus estrategias bajo un marco legal distinto al que existía al inicio de la operación.
Ante esta situación, BBVA no descarta utilizar vías legales para cuestionar la decisión del Gobierno. Carlos Torres ha recordado que existe la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, algo que podría prolongar aún más el proceso y aumentar la tensión entre el sector privado y el poder ejecutivo. Con un plazo de dos meses para presentar dicha acción judicial, todo parece indicar que la batalla por esta fusión aún está lejos de concluir, convirtiéndose en un caso clave sobre la relación entre política económica y decisiones corporativas en el sector financiero español.
