El Gobierno de España se prepara para relanzar sus iniciativas de apoyo a la banda ancha y la tecnología 5G en las zonas más remotas del país a partir de 2026. Esta medida, que se retoma tras un año de interrupción, busca eliminar por completo la brecha digital, a pesar de la reticencia y las dudas de los operadores sobre la rentabilidad de tales inversiones en entornos rurales. Los nuevos programas del Ministerio para la Transformación Digital contemplan la extensión de la fibra óptica a cerca de cien mil hogares y la implementación de redes 5G en localidades con poca población, donde los proveedores de telecomunicaciones no invertirían sin financiación estatal. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha subrayado la urgencia de mejorar la conectividad en estas áreas, argumentando que una buena calidad de red es indispensable en el mundo rural contemporáneo.
Según los datos más recientes del Gobierno, a junio de 2024, el 95.76% de la población española ya cuenta con cobertura 5G, aunque este porcentaje desciende al 80% en las zonas rurales. En cuanto a la fibra óptica, alcanza el 94.79% del territorio nacional y el 86.52% de las áreas rurales. Se espera que estas cifras mejoren significativamente con las próximas revisiones, gracias a los 750 millones de euros en ayudas que los operadores ya recibieron para la expansión de la fibra óptica y los 580 millones de euros destinados al 5G rural. El nuevo objetivo es una inversión de 41.3 millones de euros entre 2026 y 2027, y otros 24.7 millones para fibra de más de 100 Mbps y 5G, con el fin de cubrir las zonas que aún queden desatendidas. Estas convocatorias de ayudas serán financiadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) e incluirán también subsidios para la investigación en tecnología 6G, en línea con el plan de subvenciones del Ministerio de Transformación Digital.
La implementación de redes en áreas ultra-rurales presenta desafíos considerables, ya que, incluso con financiación pública, resulta poco rentable y costosa a nivel operativo. Prueba de ello es que el Ministerio ha solicitado una extensión a Bruselas para los programas en curso, que podrán ejecutarse hasta abril de 2026. Esta prórroga se debe a la dificultad de los operadores para cumplir con los plazos de despliegue de fibra óptica en los hogares comprometidos, en gran parte por trabas burocráticas y problemas logísticos que han llevado, incluso, a la instalación provisional de cables en árboles a la espera de permisos de soterramiento. Además, las zonas rurales con mayor viabilidad económica ya han sido cubiertas en convocatorias previas, y operadores como Avatel y Adamo, quienes recibieron la mayor parte de las ayudas, enfrentan dificultades para rentabilizar sus inversiones con nuevos clientes.
En la convocatoria de 2024, donde se asignaron 24.5 millones de euros para llevar fibra a 15,000 hogares –con una dotación por hogar cuatro veces superior a la prevista para futuras licitaciones–, ya hubo doce provincias sin oferentes debido a la falta de proyectos viables. Ante este panorama, Telefónica se perfila como la principal candidata a adjudicarse estos programas, dada su tradición en este tipo de iniciativas y su mayor compromiso con la cohesión territorial, al contar con participación estatal. Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, que tienen menos del 90% de sus hogares con fibra óptica de 100 Mbps, serían las más beneficiadas. Otra alternativa que ha ganado terreno es la conectividad por satélite, que ha experimentado mejoras significativas. Compañías como Amazon, con su constelación Kuiper, prometen velocidades de 1 Gbps. En España, el Gobierno ya subvenciona un programa de Hispasat que ofrece hasta 200 Mbps por 35 euros al mes, una solución eficaz que no requiere obras y simplifica el mantenimiento, ya que las redes de fibra en zonas complicadas son vulnerables a fenómenos climáticos y naturales.
En síntesis, la nueva apuesta del gobierno español por la conectividad rural mediante subsidios a la fibra óptica y el 5G busca superar las deficiencias actuales, a pesar de las complejidades y el bajo retorno de inversión que enfrentan los operadores. La iniciativa se centra en cerrar la brecha digital en las áreas más desfavorecidas, donde la infraestructura terrestre es difícil y costosa de implementar, y se complementa con la creciente viabilidad de soluciones satelitales, que ofrecen una alternativa prometedora para garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad.
