Iberdrola ha confirmado a sus inversores que la central nuclear de Almaraz, con sus dos reactores, cesará sus operaciones en las fechas previstas, entre 2027 y 2028. Esta confirmación se dio durante la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía en Londres, donde se asumió que el cierre se realizará conforme al protocolo acordado en 2019 entre las eléctricas y el Gobierno. Esta decisión, formalmente recogida en el documento que guiará las operaciones del grupo hasta 2028, implica una reducción de 550 megavatios (MW) en la capacidad de generación de Iberdrola, correspondientes a los reactores Almaraz I y Almaraz II.
La central extremeña ya ha iniciado los preparativos para su desmantelamiento, lo que ha generado una disminución de la demanda de personal en su próxima recarga de combustible, con una reducción de 200 puestos de trabajo. Históricamente, estas recargas empleaban a alrededor de 1.200 especialistas. A pesar de las negociaciones en curso entre Endesa y el Gobierno para una posible extensión de las centrales nucleares, incluida una miniprórroga de tres años para Almaraz y otros reactores, persisten desafíos. Esta prórroga no modificaría la fecha final de cierre en 2035, pero presenta complejidades técnicas y logísticas, ya que Enresa, la entidad encargada del desmantelamiento, carece de la capacidad para gestionar el cierre simultáneo de múltiples plantas, tal como implicaría un calendario extendido no escalonado.
La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares ha sido un punto de contención principal entre las grandes empresas eléctricas españolas y el Gobierno, con la cuestión fiscal como eje central. Mientras que algunas compañías estarían dispuestas a continuar operando bajo un régimen fiscal más favorable, el Gobierno ha rechazado hasta ahora cualquier ajuste en la 'tasa Enresa', que financia el desmantelamiento y fue incrementada unilateralmente en un 30% en 2024. Además, existe una discrepancia entre las políticas fiscales regionales: mientras la Comunidad Valenciana ha suprimido tasas para favorecer la extensión de la central de Cofrentes, Extremadura se ha negado a modificar la tasa autonómica aplicada a Almaraz, impidiendo un consenso en la industria para impulsar una postura unificada ante el Partido Popular.
La decisión final sobre el futuro de Almaraz y otras centrales nucleares españolas refleja un complejo equilibrio entre las necesidades energéticas, los intereses empresariales y las políticas gubernamentales. La falta de un acuerdo fiscal y las limitaciones operativas para el desmantelamiento plantean desafíos significativos, subrayando la importancia de una planificación estratégica y colaboración para asegurar una transición energética justa y eficiente.
