La compañía eléctrica líder en España, Iberdrola, ha iniciado el proceso de incluir en las facturas de sus usuarios el gasto extra generado por la activación del sistema reforzado de Red Eléctrica, implementado tras el corte de energía. Este nuevo cargo se refiere a los denominados «servicios de ajuste», que implican una mayor integración de energía tradicional y una restricción en la entrada de energías renovables. Iberdrola estima que el impacto de esta medida ascenderá a 210 millones de euros en la península ibérica y anticipa que, para el año 2026, un 70% de este coste ya se habrá trasladado a los clientes, llegando al 90% en 2027.
Este traspaso de costos no será exclusivo de Iberdrola, ya que otras empresas eléctricas seguirán una estrategia similar. Anteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había protegido a los clientes con tarifas fijas en el mercado libre de este tipo de cargos adicionales, mediante una directriz emitida en junio que prohibía la modificación de tarifas en contratos vigentes. Sin embargo, las recientes actualizaciones regulatorias han brindado a las empresas eléctricas la base legal para incorporar estos costes en los contratos de sus clientes, aprovechando los períodos de renovación contractual. Este escenario ha sido impulsado por fallos en la red, que han consolidado la necesidad de mantener el sistema reforzado. Es importante señalar que muchas de las plantas de generación convencional que proveen estos servicios de ajuste son propiedad de las mismas grandes eléctricas que ahora repercutirán el gasto.
Los servicios de ajuste, que han visto un incremento notable en su relevancia dentro de la factura eléctrica, especialmente con la creciente incorporación de fuentes renovables, alcanzaron un valor total de casi 15.000 millones de euros entre 2015 y septiembre de 2025. Aunque estos servicios son cruciales para equilibrar la oferta y la demanda y asegurar la estabilidad de la red, la falta de transparencia en su desglose impide una auditoría detallada de su eficiencia y el impacto específico de cada función. A pesar de mínimos registrados en años como 2019, la tendencia general de estos costes ha sido al alza durante la última década, con un récord de casi 2.900 millones de euros en los primeros nueve meses del año actual.
La transparencia y la responsabilidad en la gestión de los costes energéticos son pilares fundamentales para construir una relación de confianza entre las empresas y los consumidores. En un sector en constante evolución, es esencial que las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos se comuniquen de manera clara y comprensible. Además, la adaptación a los nuevos paradigmas energéticos debe ir de la mano con una distribución equitativa de las cargas, fomentando la inversión en infraestructuras más resilientes y sostenibles. Solo así se podrá garantizar un suministro eléctrico eficiente y justo para todos, impulsando el progreso y el bienestar colectivo en la sociedad.
