La formación política Junts ha reafirmado su postura de rechazo al proyecto de ley que busca la reducción de la jornada laboral, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta decisión, que implica mantener una enmienda a la totalidad del texto, anticipa un escenario complicado para la aprobación de la propuesta en el Congreso de los Diputados. El Gobierno, por su parte, ha manifestado su descontento, señalando que esta oposición perjudica a un gran número de trabajadores y a las oportunidades de modernización empresarial, en un contexto donde la productividad podría sustentar dicho cambio.
Durante una reunión reciente, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, comunicó al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la inquebrantable negativa de su partido a la implementación de la jornada laboral de 37.5 horas. Esta confirmación se produce en un momento de tensión, pues la vicepresidenta Díaz había sugerido previamente la existencia de negociaciones con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para buscar un consenso. Sin embargo, miembros de la formación catalana han negado tales conversaciones, añadiendo más incertidumbre al panorama político.
La situación ha escalado, llevando a Yolanda Díaz a hacer un llamado a la movilización ciudadana en defensa de la reducción horaria, coincidiendo con las protestas que UGT y CCOO han convocado en todo el territorio nacional. Estas manifestaciones están previstas para el mismo día en que el Congreso votará las enmiendas a la totalidad presentadas por diversas formaciones, incluyendo al PP, Vox y Junts, contra la propuesta del Ministerio.
Pérez Rey, en declaraciones a un medio de comunicación, lamentó la posición de Junts, calificándola como una \"alianza de derechas\" que frena el progreso laboral. Argumentó que esta decisión no afecta únicamente al Gobierno o al Ministerio, sino directamente a 12.5 millones de trabajadores, a quienes se les niega una mejora en sus condiciones. El secretario de Estado insistió en que la postura de Junts también desaprovecha una valiosa oportunidad para que las empresas modernicen su sistema productivo, exhortando a la formación a reconsiderar su veto antes de la votación crucial.
La postura inflexible de Junts ante la propuesta de acortar la semana laboral representa un obstáculo significativo para el Ministerio de Trabajo. Esta situación no solo subraya las diferencias políticas en torno a un tema de gran impacto social, sino que también deja en el aire el futuro de una medida que, según el Gobierno, beneficiaría a millones de personas y a la economía en general, destacando la necesidad de un debate constructivo y democrático en favor de los intereses de la población trabajadora.
