La reciente tragedia provocada por la DANA ha marcado un hito devastador en la economía española, consolidándose como el desastre natural de mayor impacto financiero para el sector asegurador. La magnitud de los daños, que abarcó desde viviendas hasta automóviles y establecimientos comerciales, generó reclamaciones por un monto sin precedentes, exigiendo una coordinación excepcional entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras. A pesar de los esfuerzos, una fracción de las solicitudes aún espera resolución, lo que subraya la complejidad y la escala del evento.
El coste total de las indemnizaciones derivadas de la DANA ha sobrepasado los 3.800 millones de euros. Esta cifra incluye tanto los desembolsos realizados por el Consorcio de Seguros, un fondo diseñado para responder a calamidades de esta índole, como las contribuciones directas de las aseguradoras privadas, que ascendieron a 180 millones de euros. Unespa, la patronal del sector, ha proporcionado estos datos que evidencian la enorme repercusión económica del evento. Un año después de la catástrofe, aproximadamente el 80% de los daños, estimados en más de 4.800 millones de euros, han sido cubiertos. Las inundaciones causaron estragos de una magnitud nunca antes vista en el país, afectando gravemente infraestructuras y propiedades.
Para contextualizar la magnitud de la DANA, desastres naturales anteriores palidecen en comparación. El terremoto de Lorca en mayo de 2011, por ejemplo, supuso indemnizaciones por 617 millones de euros, una cifra casi ocho veces menor. La borrasca Klaus, que azotó la Península Ibérica y el sur de Francia en 2009 con vientos extremos, resultó en compensaciones por 673 millones de euros. Para encontrar un evento con un costo superior a los mil millones de euros, es necesario remontarse a las inundaciones de agosto de 1983, que devastaron zonas del País Vasco, Cantabria y Navarra, un recuerdo aún vivo en la memoria colectiva, hasta la llegada de la DANA en el sureste español.
Quince días después del desastre, se estableció un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía y Unespa, que dio origen al Procedimiento Operativo Especial (POE), una medida diseñada específicamente para la DANA. Este procedimiento involucró al Consorcio de Seguros y a 38 aseguradoras, que representan cerca del 98% del mercado valenciano. Se habilitaron 45 centros de atención telefónica, se movilizaron casi 4.300 reparadores, 2.370 peritos, 1.864 tramitadores y más de 1.000 mediadores. De las 249.300 solicitudes presentadas por los afectados, el 97,5% ya había sido gestionado a mediados de septiembre. Las localidades valencianas de Paiporta, Catarroja, Algemesí y Aldaia concentraron la mayor cantidad de reclamaciones, sumando alrededor de 84.600 peticiones valoradas en 1.200 millones de euros, lo que representa una cuarta parte del total.
Un dato relevante es que los vehículos concentran cerca del 60% de las indemnizaciones. Esto se debe no solo a que fueron uno de los bienes más dañados, sino también a la obligatoriedad del seguro de automóvil, a diferencia del seguro de hogar, que es opcional. De un total de 144.784 solicitudes por daños en vehículos, el 1,3% aún está pendiente de tramitación. En el caso de las viviendas, se han gestionado 82.000 reclamaciones, con un 2,8% aún por resolver. Los comercios, que suelen contar con seguros de riesgos, han presentado 16.500 solicitudes, de las cuales el 7,5% sigue pendiente. Las oficinas, con 1.064 solicitudes, tienen un 7,8% por finalizar. Las reclamaciones restantes corresponden a la industria y obras civiles, siendo estas últimas las más lentas en tramitarse, con casi un tercio de las 74 solicitudes aún por resolver.
