Un reciente estudio de Cáritas, conocido como Foessa, ha puesto de manifiesto una preocupante realidad en España: 4,3 millones de personas se encuentran atrapadas en la exclusión social más severa, lo que representa un incremento del 52% respecto a 2007. Este fenómeno, que se describe como el "ascensor social averiado", ha provocado un debate intenso sobre la responsabilidad, con el informe atribuyendo el problema a la crisis de la vivienda y la precariedad laboral, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones derivando la competencia a las comunidades autónomas.
El informe de Cáritas enfatiza la necesidad de adoptar medidas que permitan una distribución más equitativa de los frutos del desarrollo económico. Este llamado se fundamenta en la observación de que el gasto social por habitante en España apenas alcanza el 78% de la media europea, lo que, sumado a "barreras ideológicas" que promueven enfoques individualistas, perpetúa las desigualdades. En este contexto, el Ministerio de Inclusión ha reiterado que las políticas fundamentales para impulsar el progreso social y la igualdad de oportunidades, como la educación, la vivienda y las rentas mínimas, recaen en el ámbito de las competencias autonómicas, señalando que son precisamente estas áreas las que Foessa identifica como origen del estancamiento social.
A pesar de la existencia de iniciativas para la vivienda asequible, la problemática habitacional, que afecta a más del 40% de los arrendatarios en riesgo de pobreza, es considerada mayormente competencia de las regiones. Sin embargo, estas últimas expresan su inquietud ante lo que perciben como "imposiciones" del gobierno central, ejemplificado por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ha generado críticas, especialmente de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Además, el ministerio ha señalado que varias comunidades no han adecuado sus regulaciones para complementar el Ingreso Mínimo Vital, un programa que, según la Airef, solo llega al 44% de los hogares elegibles. Esta situación ha permitido a las autonomías ahorrar considerables sumas de dinero, sin que el ministerio tenga conocimiento de cómo se están gestionando esos fondos.
Es esencial que todas las instancias de gobierno, tanto a nivel central como autonómico, trabajen de manera coordinada para superar las divisiones y abordar con urgencia los desafíos de la pobreza y la exclusión social. Solo a través de una colaboración efectiva y un compromiso genuino con políticas inclusivas se podrá revitalizar el ascensor social y construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos.
