La región del Maestrazgo, históricamente marcada por eventos como las Guerras Carlistas, se encuentra hoy en un punto de inflexión. Con sus pueblos sumidos en un proceso de despoblación y enfrentando limitaciones económicas severas, la propuesta de un gigantesco clúster eólico emerge como un rayo de esperanza. Este proyecto busca inyectar vida económica a través de la inversión en energías renovables, prometiendo millones en ingresos y la creación de puestos de trabajo, lo que podría mitigar el éxodo rural que ha azotado la zona durante años. Sin embargo, esta visión de progreso no está exenta de controversia, ya que diversos sectores expresan su preocupación por las posibles repercusiones medioambientales y la alteración irreversible del paisaje natural de la comarca, un área de indudable valor ecológico y patrimonial.
El Consejo de Ministros, el 25 de julio de 2024, aprobó la instalación de 20 parques eólicos en el Maestrazgo turolense, un hito que los alcaldes locales, como Fernando Safont de Iglesuela del Cid, ven como una lotería. Este Clúster del Maestrazgo, proyectado para ser el parque eólico más grande de España, con 744 megavatios de capacidad, tiene el potencial de generar una energía equivalente al consumo de 555.000 hogares. La empresa constructora, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), estima que el proyecto, con una inversión de 1.100 millones de euros, mantendrá unos 3.900 empleos y aportará 147 millones de euros directamente a los municipios mediante impuestos. Casos como Mosqueruela, con poco más de 500 habitantes, podrían recibir 61,84 millones de euros, una suma transformadora para su escaso presupuesto anual de 300.000 euros.
Este ambicioso plan es visto como una solución a la crítica situación económica de la región, exacerbada por el cierre de industrias clave como Marie Claire. Los fondos permitirían a los ayuntamientos invertir en infraestructuras, servicios básicos y viviendas asequibles, elementos cruciales para atraer y retener población. Sin embargo, la magnitud de la inversión y la autonomía en la gestión de estos fondos por parte de los ayuntamientos evocan recuerdos de escándalos pasados, como el de La Muela. Ante esto, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, enfatiza la necesidad de una “ordenación” en la ejecución del proyecto y advierte contra un “aprovechamiento político”, sugiriendo que los alcaldes inviertan sabiamente en el desarrollo de viviendas de alquiler para fomentar el asentamiento de nuevas familias.
A pesar del entusiasmo generalizado entre la población local y sus representantes, quienes han respaldado consistentemente a los alcaldes a favor de las renovables, existen voces disidentes. Ernesto Romeo, portavoz de Teruel Existe, critica lo que considera un “catastrofismo” excesivo respecto a la despoblación, argumentando que el clúster solo beneficiará económicamente a los alcaldes a costa de dañar el territorio y devaluar las propiedades. Esta perspectiva se alinea con la de Vox en Aragón, que, aunque no se opone a las renovables, aboga por una “ordenación” en su instalación, proponiendo que los aerogeneradores se ubiquen en áreas menos sensibles como los Monegros, y que los ingresos se destinen a la revitalización del Maestrazgo. La evaluación de impacto ambiental, no obstante, concluye que la afección de los molinos será moderada, sin cruzar Zonas de Especial Protección para las Aves ni causar daños excesivos al paisaje.
La controversia se intensifica al considerar el precedente de Castellón, donde, hace dos décadas, la instalación de molinos buscaba resolver problemas de despoblación similares. Aunque la inversión llegó, la realidad ha demostrado que la mayoría de los pueblos, con la excepción de Morella, han seguido perdiendo habitantes. Este hecho genera escepticismo en figuras como Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, quien, aunque comprende la necesidad de buscar soluciones para los pueblos pequeños, advierte que estas infraestructuras pueden tener “más cosas negativas que positivas” al afectar pilares económicos y modos de vida tradicionales. Este escenario recalca la complejidad del desafío de equilibrar el desarrollo económico a través de las energías renovables con la preservación del patrimonio natural y cultural en estas regiones vulnerables.
