Miguel Borra Izquierdo, presidente de CSIF desde 2011 y principal representante sindical de los empleados del sector público, ha expresado en una entrevista la profunda insatisfacción de su colectivo. Los funcionarios, a pesar de la inflación, no han recibido ningún ajuste salarial este año, lo que los diferencia del resto de los trabajadores. Esta situación ha generado un considerable hartazgo, especialmente ante la falta de diálogo con el Ministerio de Función Pública, al que acusan de ignorar sus demandas y de desvalorizar la labor de los más de tres millones de servidores públicos que incluyen personal sanitario, educadores, bomberos forestales y fuerzas de seguridad. La deuda acumulada por el Gobierno en concepto de aumentos salariales no aplicados se estima en 1.860 millones de euros, sumándose a una pérdida de poder adquisitivo del 6% entre 2022 y 2024, sin contar los recortes de años anteriores.
Frente a este escenario, Borra subraya la urgencia de establecer un mecanismo de actualización automática de los salarios públicos con la inflación, similar al sistema aplicado a las pensiones, que garantice un ajuste el 1 de enero de cada año. Además, CSIF insiste en la necesidad de un acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo mermado. Ante la nula respuesta del Gobierno a sus solicitudes de negociación, el sindicato ha convocado concentraciones y advierte de la posibilidad de una huelga general en las Administraciones Públicas si no se logran avances antes de diciembre, enfatizando que los empleados públicos, con sus familias, representan una fuerza electoral significativa que también ejerce su derecho al voto. La reciente destitución de la secretaria de Estado y el nombramiento de Consuelo Sánchez Navarro genera una esperanza cautelosa en CSIF, quienes esperan un cambio de actitud y una apertura al diálogo.
En un contexto más amplio, la entrevista también aborda la situación del modelo mutualista de Muface y la percepción de los empleados públicos en España. Borra critica las propuestas gubernamentales que, a su juicio, buscan desmantelar este modelo por razones ideológicas, sin un debate profundo sobre su eficacia y el valor que los mutualistas le otorgan. Además, rechaza la noción de que hay un exceso de funcionarios en España, argumentando que el país está por debajo de la media de la OCDE en empleo público y que la falta de personal es evidente en sectores clave como la sanidad, la seguridad social y el Sepe. Atribuye los problemas de atención ciudadana a la reducción de plantillas y a la politización de la Administración, la cual prioriza ciclos electorales cortos sobre una planificación a largo plazo, exacerbando la escasez de profesionales cualificados y la percepción negativa generada por el aumento desproporcionado de asesores políticos.
En este panorama, la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y la mejora de su valoración social emergen como pilares fundamentales para asegurar la calidad de los servicios esenciales. La reivindicación de salarios justos y la actualización automática con la inflación no solo buscan reconocer la labor de estos profesionales, sino también fortalecer el sistema público en su conjunto. La transparencia en la gestión de los recursos y la despolitización de las administraciones son cruciales para construir una sociedad más equitativa y eficiente, donde el bienestar colectivo sea la prioridad y la voz de los trabajadores sea escuchada y valorada.
