Unas 1.500 personas de la España rural se han movilizado en Madrid para alzar su voz contra la expansión desmedida de las “macrorrenovables” y el abandono de sus territorios. Bajo el lema “Salvemos el mundo rural agredido”, la manifestación, respaldada por diversas organizaciones, recorrió las calles desde Atocha hasta Cibeles, denunciando la explotación de sus recursos naturales por parte de grandes empresas energéticas. Los participantes corearon consignas como “¡Especuladores fuera de mi tierra!” y “¡Placas no, olivos sí!”, mostrando su rechazo a proyectos que, según afirman, destruyen el paisaje y no aportan beneficios reales a las comunidades locales.
Los manifestantes expresaron su preocupación por la carencia de servicios esenciales, que ha provocado un “vaciamiento” de las áreas rurales en favor de la especulación empresarial. Ernesto Romeo, portavoz de la coordinadora, señaló que estos proyectos de “macrorrenovables”, como las plantas de biogás, las macrogranjas y las minas, están causando “la mayor destrucción medioambiental de la historia de España”, sin respetar a los habitantes. Rafael Alcalá, de Lopera (Jaén), relató cómo la empresa Greenalia busca expropiar olivares para sus proyectos fotovoltaicos, amenazando el sustento del 90% de la población, mientras Rosa Calero, de Villarobledo (Albacete), lamentó la privatización sanitaria y la presencia de vertederos ilegales en su entorno. Otras reivindicaciones incluyeron la mejora de la sanidad en Teruel y la reapertura de líneas ferroviarias en el sur de España.
Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, destacó que, después de un siglo de “despoblación forzada”, es momento de compensar a estos territorios, no de seguir explotándolos con proyectos que no ofrecen un compromiso real con la prosperidad local. Instó a la adopción de un nuevo modelo de país donde todos tengan oportunidades. La plataforma ciudadana Soria Ya también participó, lamentando que los sorianos sean “los eternos olvidados”, a pesar de que su provincia abarca una gran parte del territorio nacional.
La movilización de estas comunidades rurales evidencia una profunda demanda de justicia territorial y ambiental. Es crucial reconocer el valor intrínseco del medio rural y garantizar que el desarrollo energético se realice de manera sostenible y equitativa, respetando a las personas y sus ecosistemas. Promover un diálogo abierto y transparente, y priorizar soluciones que beneficien a todas las partes, es esencial para construir un futuro más justo y próspero para toda España.
